Por: Natalia Bedoya Alcaraz
Fotos: Cortesia de Plataforma Ley Integral Trans (PLIT)
El pasado 19 de junio fue aprobado en primer debate el proyecto de Ley Integral Trans Sara Millerey en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes; una buena noticia para muchas personas. Sin embargo, solo hace falta teclear en la red social X “Ley trans Colombia” para entrever cuál es el relato de una porción de la sociedad colombiana, a quienes no les sienta tan bien este avance histórico. Para ellas y ellos lo que está pasando a nivel legislativo en el país es, en realidad, el nacimiento de una “dictadura de género”.
Argumentan además que la ley “atenta contra los niños y las familias”, que quienes la lideran son “pedófilos, solapados y malvados”, y que es muy triste que los y las congresistas que votaron a favor ocupen cargos públicos cuando en realidad “son una amenaza para la vida humana y para la sociedad”.
Muy por el contrario, la plataforma ¡Ley Integral Trans Ya! que construyó la iniciativa, está conformada por más de 100 procesos colectivos de base comunitaria y organizaciones lideradas por personas trans, travestis y no binarias, activistas independientes, madres, padres y familiares de infancias trans y otras redes de apoyo provenientes de diferentes territorios del país, que se han juntado desde 2023 para hacerla posible.
Como lo indica Áster Blandón, miembro del Comité Comunicaciones de la plataforma, esta se conformó con el propósito de construir un proyecto de ley democrático y ampliamente participativo que recogiera las voces, necesidades y esperanzas de la población trans en toda su diversidad. El proceso inició consolidando un estado del arte, revisando informes de derechos humanos elaborados por organizaciones sociales sobre la situación de las personas trans en Colombia y realizando un análisis comparativo de las leyes de identidad de género existentes en otros países de la región con el fin de identificar buenas prácticas y vacíos en dichas experiencias.
Luego, se llevó a cabo una consulta popular que, según afirma Blandón, llegó a más de 1.300 personas y recogió las percepciones, necesidades y aspiraciones de personas trans en diferentes regiones del país. A partir de ella se elaboró un primer borrador del articulado que fue presentado y discutido en la primera Asamblea Nacional de la plataforma en Bogotá. Después de ese encuentro, y con base en la retroalimentación recibida, el proyecto fue sometido a revisión técnica en mesas de trabajo con personas expertas que permitieron depurarlo bajo criterios de constitucionalidad, desarrollos normativos y viabilidad jurídica. Así, el documento llegó a radicarse el 31 julio de 2024; al día de hoy lleva como apellido el nombre de Sara Millerey González Borja, víctima de un transfeminicidio el 4 de abril de este año en Bello, Antioquia.
“Justo cuando el proyecto estaba por iniciar su trámite legislativo, ocurrió el brutal asesinato de Sara, una hermana trans, cuyo crimen conmocionó profundamente al movimiento social y al país en general. Su caso fue ampliamente difundido en redes sociales y evidenció una vez más la brutalidad de la violencia estructural que enfrentamos las personas trans. Nombrar el proyecto como Ley Integral Trans Sara Millerey es una forma de honrar su memoria y al mismo tiempo de enviar un mensaje claro: no podemos seguir normalizando estos crímenes ni tolerando la indiferencia social frente a los asesinatos, torturas y violencias contra la población trans”, plantea Áster.
La Ley es urgente porque Sara no fue ni será la única. Para 2024, según la Defensoría del Pueblo, se documentaron 882 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 254 correspondieron a mujeres transgénero. Además, fueron registrados al menos 52 asesinatos contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, siendo 29 de ellas mujeres trans. En consonancia, para junio de este 2025, Caribe Afirmativo publicó el caso de homicidio contra personas trans número 46 en el país.
Adicional a esto, la muerte no es la única amenaza. Como lo explica Ava Lohana Rivera Osorio, defensora de derechos humanos y coordinadora comunitaria de la Redtrans de Santander y del Colectivo Croma, para las personas con identidades de género diversas habitar el espacio público se torna en una lucha cotidiana:
“Nuestras apariencias son diversas y eso hace que seamos susceptibles de distintas aprehensiones de las personas. Es normal que se burlen de ti por ser visiblemente trans, a mí como una mujer trans se me ha discriminado en espacios laborales también. Incluso he tenido que luchar para que me dejen usar el baño de mujeres, o impedir que un vigilante intente sacarme de alguno porque no me veo “lo suficiente mujer”, y en ese sentido se me ve como una usurpadora de un lugar que se supone no me debe pertenecer (…) La identidad va mucho más allá de ponerse una ropa u hormonarse, y las personas deben entenderlo y respetarlo. Nuestras identidades no son negociables y nuestras vidas no deben ser puestas en riesgo porque se piensa erróneamente que somos un enemigo más a combatir o incluso a eliminar. Antes de ser una mujer trans, soy una persona”.
Luca Arboleda, vocero de la Red Popular Trans de Medellín, agrega desde su experiencia personal que los escenarios con lógica binaria, que son la mayoría, son en los que se ha sentido más vulnerado. Tener que corregir su nombre o su pronombre, tener que llenar formularios en donde no existe la opción de “persona no binaria transmasculina”, sino “hombre” o “mujer”, o someterse a procedimientos médicos que lo abordan desde el desconocimiento y sin cuidado, son algunas de las experiencias que ha tenido que atravesar.
“Por ejemplo, yo me hice una mastectomía, pero no tuve reemplazo hormonal y tuve un desequilibrio en las hormonas que me conllevó a ciertas cosas, pero los médicos no sabían qué hacer porque no conocían los cuerpos trans (…) En cuanto al educativo siento también que hay una violencia epistemológica, que es algo estructural, que ha afectado a mujeres y otras disidencias, con quienes la academia hace un borrado de esos conocimientos y cuestiona qué es lo válido y que no. En lo laboral, por ejemplo, siempre es más fácil contratar a una persona cisgénero. Siempre es más fácil llegar a lo conocido, porque nuestros cuerpos siguen siendo exotizados, nuestros conocimientos, nuestras capacidades son siempre cuestionadas. Ya en cuanto a lo íntimo, también creo que es una violencia tener que estar justificando mi existencia”, dice Luca.
Lo que busca la iniciativa de Ley es, precisamente, establecer un marco integral para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de personas como Ava, como Luca y como muchas otras. Para ello, plantea acciones concretas que eliminen toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia en el ámbito público y privado, así como la aplicación y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas, procedimientos y proyectos para garantizar la autonomía de las personas con experiencia de vida diversa en nuestro país.
Además, establece el principio de despatologización, para que se reconozca que ser trans no es una enfermedad. Propone enfoques diferenciales como el de la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (OSIEG) y ciclo de vida, término que hace referencia a las diferentes dimensiones de la diversidad sexual y comprende la interseccionalidad, el anticapacitismo y el antiracismo, buscando garantizar la protección de ellos, ellas y elles en cualquier etapa de su existencia. Asimismo, formula las condiciones para la garantía de acceso a educación, trabajo y vivienda y pide un tratamiento especial para los casos asociados al conflicto armado.
Por otro lado, la Ley también plantea el reconocimiento legal de la identidad de género y le exige al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y demás entidades que generan información estadística y demográfica para visibilizar a las personas de la comunidad diversa en todos los sistemas oficiales de información y mediciones.
El proyecto ordena al Gobierno Nacional, a las secretarías de educación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a implementar estrategias de acompañamiento y sensibilización de las familias, además de responsabilizarse de la escolarización de las infancias violentadas en razón de su identidad de género, velando por su integridad personal y no revictimización. Y también establece el “principio de autonomía progresiva o evolución progresiva de las facultades de niños, niñas y adolescentes” a través del cual tienen derecho a ejercer su autonomía de acuerdo a sus capacidades, evolución y madurez.
La ley no elimina la patria potestad, ni deja a los menores solos, ni obliga a nadie a transicionar, tal como se está diciendo. Busca más bien reconocer que madres, padres, cuidadoras y educadores tienen un papel clave en el acompañamiento de los menores y este debe cumplirse desde el respeto y la inclusión.
“Las decisiones sobre nombre y género no se imponen, las debe tomar el propio menor de forma libre. Deseamos que sea informada y evaluada además por personal capacitado [notarios, sus padres] siguiendo los lineamientos que ya existen. Tampoco se trata de medicalizar ni de intervenir quirúrgicamente a menores. En Colombia no se hacen cirugías genitales a personas menores de edad y los tratamientos como los bloqueadores de pubertad son seguros, reversibles y tienen aval médico desde hace décadas, no son experimentales. Su uso se basa en criterios clínicos estrictos, siempre con consentimiento informado y participación familiar. Nadie obliga a nadie a cambiar de cuerpo. Lo que se busca es crear condiciones para que cada niña pueda vivir su identidad sin violencia ni miedo. Decir que esto destruye la familia es falso. Lo que destruye a muchas familias es el rechazo, el silencio forzado, la exclusión. En ese discurso suele olvidarse que a muchas personas trans desde su infancia las expulsan de sus hogares y las dejan a merced de condiciones de precariedad, exposición, peligro, vulnerabilidad ante agentes externos. Es por esto que se reconocen en el proyecto de Ley las familias escogidas, esto no pretende acabar con la patria potestad, lo que pretende es que las personas transmenores de edad en situaciones de vulnerabilidad tengan quién dé la cara por ellas”, explica Áster.
Para Ava las infancias trans necesitan ser reconocidas: “¿Qué mal sería que los niños hablasen, que contaran sus sueños, sus aspiraciones, lo que quieren para sí mismos, lo que los hace sentir incómodos o lo que les da comodidad? Esas son preguntas que infancias y adolescencias trans tienen y que necesitan acompañamiento para ello. La identidad de género se suele formar entre los 3 y 7 años de vida. Es previa al reconocimiento de la orientación sexual, al menos la medicina ha propuesto esta explicación. Las infancias trans existen y muestra de ello también somos las personas trans adultas. Fuimos también niños y adolescentes a los que se nos dijo que no debíamos caminar, hablar y comportarnos de cierta manera. Lo que la gente debe entender es que esas formas de existir en la niñez también son posibles y que aceptar sus diversidades permite consolidar mejores futuros y sociedades más justas e igualitarias.”
Otra de las razones que fundamentan el surgimiento de la Ley Trans es la deficiencia en los desarrollos jurisprudenciales y normativos que cobijan a las personas trans, travestis y no binarias en Colombia, que son escasos, insuficientes y están dispersos en distintos ámbitos legales.
Áster explica que buena parte de los avances en materia de reconocimiento de derechos han sido resultado de fallos judiciales, principalmente a través de acciones de tutela. Estas sentencias, si bien han sido claves en la defensa de los derechos trans tienen un carácter limitado porque aplican solo entre las partes que los promueven, es decir, entre quien interpuso la tutela (accionante) y quien fue demandado (accionado). No genera efectos generales ni crea reglas obligatorias para toda la sociedad, como sí ocurre con las leyes o algunas sentencias de control constitucional. Además, en muchos casos su cumplimiento depende de la voluntad institucional o de nuevos litigios para garantizar su ejecución, lo que termina produciendo una situación en la que solo quienes tienen acceso a mecanismos jurídicos o a organizaciones que les apoyen legalmente logran hacer efectivos sus derechos.
“Esta ley no sólo busca unificar y armonizar las normas existentes, sino también crear los mecanismos institucionales y las capacidades operativas para que el Estado pueda garantizar de manera efectiva y universal los derechos de las personas trans y no binarias. Su aprobación permitiría establecer rutas claras de acceso a derechos, fortalecer la corresponsabilidad institucional y garantizar el reconocimiento de la población trans en condiciones de igualdad sin depender exclusivamente del litigio individual”, plantea Áster.
De momento, los retos que ha tenido en el escenario legislativo quienes promueven estas nuevas directrices normativas, han sido la desinformación, los discursos de odio y los bloqueos políticos de sectores antiderechos que responden a otras agendas como las pro vida y las religiosas, y pretenden distorsionar el contenido del proyecto para sembrar pánico moral. El proyecto pasará ahora a segundo debate en la plenaria de la Cámara, donde necesita la mitad más uno de los votos para pasar a por otros dos debates en el Senado. En el último comunicado de prensa expedido las organizaciones que impulsan la iniciativa, hicieron un llamado urgente a los y las congresistas a garantizar el quorum, recordándoles que la Ley Trans es urgente.
Para personas como Luca, la posibilidad de su aprobación significa dejar sentir que su existencia es una anomalía, y sería un llamado de atención como sociedad para que aterricemos: “La vida disidente necesita cuidados reales, presupuesto y voluntad política para que se nos nombre, se nos escuche y se nos repare. La aprobación significa que el Estado reconozca nuestras vidas, que no están en pausa, ni en transición permanente. Que no son un borrador de lo que se espera, sino vidas completas, urgentes, vivas”.
Ava, por su parte, plantea que de convertirse en una realidad, el Estado les daría algo “que nunca han tenido”: “Esta afirmación puede sonar muy fuerte o ser muy agresiva, pero responde a que el régimen translesbomaricohomicida ha existido en este país desde que los conquistadores vieron a hombres vestidos de mujeres, mujeres con vestimenta de varón, ejerciendo otros roles en la sociedad, siendo chamanes, curanderos, guerreros e incluso agentes diplomáticas en estas comunidades precolombinas y, decidieron, ante el horror que les generaba esa diferencia, matarles y alimentar así a sus perros de caza. Esto no es ficticio, se encuentran en los relatos de las indias (…) Esto permite decir que un futuro sin nosotres no es posible, porque nunca ha habido un pasado en el que no hayamos estado presentes. Se ponen de presentes los 500 años de persecución, de silenciamiento sobre las vidas sexualmente diversas, al menos en América Latina. En los últimos 25 años, Colombia y también en otras partes del mundo se han reconocido nuestros derechos y se han reconocido los sistemas de opresión que no nos permiten vivir en igualdad. Ante ese saber, de que no hay un pasado mejor que habitar, queda para nuestra población un horizonte: el de un futuro esperanzador. Entendiendo que el presente es el momento idóneo para luchar y avanzar, para tejer, para colectivizar el dolor, la rabia organizada, la ira, y expresarla de múltiples maneras de protesta. Hemos marchado, nos hemos trepado, hemos hecho arte travesti y maricón contra el capital, la homolesbotransfobia, el racismo y la guerra. No vamos a parar, porque sabemos que necesitamos vivir bien, como se quiere y sin humillación alguna: vivir dignamente”.
Ava, Áster y Luca coinciden en que además de la aprobación, son necesarios algunos debates en otras esferas de acción política. La Ley es un paso, pero urgen transformaciones culturales y políticas más amplias: debates sobre educación sexual integral sin prejuicios, medidas contra discursos de odio, nombrar el racismo, el capitalismo y el clasismo dentro la propia lucha. Y aseguran que esas conversaciones no pueden esperar porque sus existencias no son aplazables; aunque esta Ley tenga un enfoque intersectorial, el papel muchas veces da por sentado derechos que siguen siendo vulnerados.
“Es necesario habilitar diálogos y puentes para tener conversaciones difíciles, esto implica el taxista que te recoge, la señora que se sienta a tu lado en el sistema de transporte público, los rectores de los colegios y maestros, a los jueces de la república, etc. De la mano de la eliminación de la violencia por prejuicio, está la eliminación de las violencias basadas en el género. La conversación con los feminismos decoloniales y del sur es necesaria, la convergencia más allá de la lucha identitaria es importante. Resaltar lo común incluso con mi diferente. Sabemos que no somos iguales, aun así es necesario que se entienda que nuestras vidas importan, si esto no se tiene en cuenta, las personas comen cuento del primer Milei con motosierra o cualquier blanquito condenado por violencia sexual como Trump, y terminan creyéndoles que el mundo está mal por el 2% de la población históricamente excluida y no por el 1% rico y adinerado que ha manejado la economía del país como un feudo del siglo XV, teniendo a la violencia como su mejor aliado”, concluye Ava.
