Por Antonio Rojas Garzón
El reciente anuncio de Antonio García, máximo comandante del Ejército Nacional de Liberación — ELN, sobre el retorno de las retenciones económicas o secuestros, desata otra tensión en la frágil cuerda de diálogo que hay entre el Gobierno y esta guerrilla. En respuesta, el comisionado para la paz, Otty Patiño, le solicitó al Presidente Gustavo Petro, a través de los medios de comunicación, que decrete el rompimiento del Cese al Fuego Bilateral Temporal y Nacional (CFBTN) con los frentes guerrilleros que adopten la directriz de su Dirección Nacional.
Todo esto sucede sin haber saldado la tormenta desatada por los diálogos regionales de Nariño con el Frente Comuneros del Sur, quienes hacían parte del Frente de Guerra Suroccidental, y que en versión de ellos mismos y aceptada por el gobierno, terminaron por salirse de la organización para poder continuar con su propio proceso de diálogo. En cuanto al ELN, aún no conocemos su versión de la historia, aunque han denunciado abiertamente una acción de contrainteligencia del Estado y un proceso disciplinario interno que parece no haber terminado todavía.
El Gobierno, en cabeza de Otty Patiño, promueve que este escenario se vuelva una bola de nieve de renuncias parciales al ELN y de acuerdos regionales con el Gobierno. Por el lado de la insurgencia, de manera responsable, llamaron a un VI Congreso Nacional en el que tienen que fortalecer sus consensos de cara a un acuerdo real y posible de paz.
Mientras tanto, las crisis humanitarias en los diferentes territorios como Nariño, Cauca, Chocó, sur de Bolívar, Montes de María, sur de Córdoba, Catatumbo, Sierra Nevada, Arauca, entre otros, se profundizan. Las nuevas guerras que se han reconfigurado posterior al Acuerdo de La Habana con las FARC-EP están provocando un impacto humanitario como en las peores épocas del paramilitarismo de los noventas y dosmiles: masacres, asesinatos selectivos y aleccionadores, confinamientos sociales, desplazamientos masivos, profundización de las violencias sexuales y de género, así como ataques a personas socialmente estigmatizadas, entre otras tantas tragedias del genocidio continuado y extendido al que está sometido el pueblo colombiano.
La voluntad de las partes
El Gobierno, en su afán por dar resultados, parece apostarle a impulsar firmas exprés de “paces” territoriales. En Nariño, por ejemplo, el departamento comparte límites, y conflictividades con los departamentos del Cauca y Putumayo, tiene frontera con Ecuador, y es salida al mar Pacífico, con todo lo que eso implica en términos internacionales.
En estos corredores confluyen insurgencias, disidencias, paramilitares, cultivos de uso ilícitos, rutas de tráfico, poblaciones excluidas y empobrecidas, entre otras muchas condiciones adversas para pretender hacer la paz por partes. Con tan solo dos años más de Gobierno se corre un alto riesgo de dejar un país en llamas, unas causas estructurales invisibilizadas y muy poca maniobra política que logre cambios sociales.
Por el lado del ELN es normal que defienda con uñas y dientes su proyecto político y la unidad de su organización, esta es la única garantía de que su extensa lucha traiga algún tipo de transformación sustancial para las comunidades, lo cual les ayudará más adelante a ser un actor político vigoroso, pero desarmado. Sin embargo, se equivoca profundamente al no valorar la legitimidad social que les resta volver a prácticas como las retenciones, mejor conocidas como secuestros. Parece que esta insurgencia no entiende o no quiere valorar el costo político que les implica y, peor aún, tratan de usarla como moneda de cambio en la mesa so pretexto de la no creación del Fondo Multidonante.
Un acuerdo de paz con el ELN no va a cambiar la realidad social que vive Colombia, pero es posible avanzar en instrumentos de participación social que permitan garantías efectivas, no solo de no ser asesinados, sino de que sus aportes tengan incidencia en la construcción del país.
Para eso se necesita que las partes no se paren de la mesa, que se respeten entre sí, que cumplan los acuerdos y protocolos pactados. Ambas son expresiones populares que han luchado históricamente por transformaciones sociales, hoy es momento de construir en colectivo, no de dividir las luchas.
Posdata. Al Mecanismo de Monitoreo Veeduría y Verificación del CFBTN: ¿qué ha pasado con las denuncias connivencia del paramilitarismo con la fuerza pública hechas por el ELN, pero también por diferentes organizaciones sociales y de DDHH en territorios como el Urabá, sur del Chocó, Bajo Cauca, Magdalena Medio y sur de Bolívar. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el plan de acción propuesto?
