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Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (XII): El Caribe entre la violencia y la paz

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Por Caribe Investigación

  1. La preocupación de Estados Unidos con Colombia.

La visita de la jefa del Comando Sur a Colombia, general Laura Richardson, deja varias interrogantes acerca de los motivos reales de la presencia de esta alta funcionaria. Analistas aseguran que la Administración Biden coquetea con el gobierno progresista de Colombia para frenar la presencia de Rusia y China en el continente, la cual de por sí es bastante significativa.

Estados Unidos sigue empeñado en recuperar lo que considera su patio trasero, y la Amazonía es un punto clave en esta agenda.

Petro habla de cambio de deuda por plan de recuperación de la Amazonía (aunque los llamados bonos verdes de la década de 2000 fueron un total fracaso ya que estos no incidieron de ninguna manera en la disminución de la crisis climática); para Estados Unidos y el capitalismo en general, la Amazonía es una fuente infinita de reservas digna de engullir.

No hace falta que China nos invada militarmente para tener presencia en el país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que en marzo de 2023 las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos representaron 28,2% del total de las importaciones. ¿Adivinen quién le siguió? Sí, China con 18,1%.

Las preocupaciones de los Estados Unidos irán en aumento puesto que, con la llegada del Gobierno del Pacto Histórico, las relaciones políticas, económicas y diplomáticas con Venezuela se reestablecieron en condiciones de igualdad, lo que le ha permitido a Colombia y Venezuela oxigenar sus economías.

Petro devolvió Monómeros a Venezuela y ha asomado la posibilidad de comprarle gas, ya que existe un gasoducto binacional construido durante la era Chávez-Uribe con dinero de la estatal PDVSA. El gas venezolano sería mucho más económico que el importado de Estados Unidos, aunque la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas diga lo contrario y anuncie tempestades.

Entre enero y marzo de 2023 las ventas de bienes totales a Venezuela alcanzaron US$144,9 millones, para un crecimiento del 32,9% frente al mismo trimestre del 2022; mientras que las importaciones crecieron 56 % si se compara con los niveles de 2021. Situación muy favorable para ambos países, que ya tienen avances en temas migratorios, proceso de diálogo y la búsqueda de la paz.

El Caribe colombiano se ha beneficiado de este creciente intercambio comercial. Este ritmo acelerado tiene preocupado al gobierno de Estados Unidos porque de una u otra manera se le afecta su política de bloqueo y cerco a Venezuela.

  1. Paz y Violencia.

Uno de los temas de gran incidencia en el Caribe es el de la violencia y la amenaza a líderes. La semana pasada el líder social y precandidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Codazzi, Dairo Bayona fue amenazado de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); recordemos que Bayona viene denunciando desde hace meses de la presencia paramilitar en este municipio.

Otro de los amenazados por las AGC o Clan del Golfo es el exconcejal de Chimichagua, Jader Arias Torres, quien recibió un panfleto que fue dejado debajo de la puerta de su casa. El líder político afirmó que la intimidación apareció después que instauró una demanda laboral en contra del consorcio Unión Temporal Natur-Vida 2022, contratista que adelanta un proyecto de Corpocesar en la zona con el fin de proteger el medio ambiente.

De igual manera la líder y comunicadora social del Pacto Histórico en Sahagún (Córdoba), Sara Cordero, denunció amenazas en su contra por denunciar hechos de corrupción en varias obras.

Por si fuera poco, recibimos la vergonzosa noticia de la puesta en libertad por vencimiento de términos de Carlos Mario Fonseca Ceballos, acusado de asesinar a los periodistas del Magdalena Dilia Contreras y Leiner Montero.

En tanto el departamento de La Guajira registró 29 muertes violentas en abril, de las cuales 15 corresponden a la modalidad de sicariato; y dos hallazgos de cuerpos desmembrados con un mes de diferencia.

Según cifras de Indepaz, de los 68 asesinatos de líderes y defensores registrados en 2023 en todo el país, 16 corresponden al Caribe. De las 39 masacres registradas en el país durante el presente, 16 se dieron en el Caribe (las tres últimas en Atlántico, Sucre y La Guajira).

Podríamos citar otros hechos o cifras sobre la degradación de la vida en el Caribe, pero interesa señalar que en los últimos meses el incremento de la violencia, sobre todo de la presencia y control territorial del paramilitarismo en esta región, tienen como objetivo deslegitimar y sabotear la propuesta de paz del Gobierno de Petro de cara a las elecciones de octubre. La derecha saca sus cuentas: sueñan con el retorno de la seguridad democrática.

  1. La victimización de Enel Colombia.

Desde hace meses la prensa se ha dedicado a satanizar la lucha de la Nación Wayuu por celebrar unas consultas previas transparentes para el desarrollo de los parques eólicos en La Guajira. Cuentan una parte de la película, la que favorece al gran capital, pero ocultan el incremento de las guerras interclaniles provocadas por las transnacionales del viento para dividir a las comunidades y arrasar con este territorio ancestral, resguardo indígena amparado por la Constitución de 1991.

Enel Colombia anunció la semana pasada que cancelaba la construcción del parque eólico Windpeshi. Según la empresa la decisión “se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización”.

Los líderes de la zona tienen un argumento válido y legítimo, pero poco difundido: “nosotros queríamos ser parte de la empresa y tener luz. Pero Enel nos dice que no se puede, que es muy costoso que coloquen luz aquí, por eso nos están dando unas compensaciones por el tiempo que estén en nuestro territorio”, aseguró al País de España Euniris Catherine Ramírez, wayuu e hija de la autoridad de Flor de la Frontera.

Olvidan opinadores y defensores a ultranza del progreso de los parques eólicos, que esta transnacional desde que llegó al territorio de Topia (2008), corregimiento Puerto López, incidió en una vieja y delicada disputa interclanil al favorecer a una de las familias para ganar el consentimiento de una consulta previa a todas luces amañada.

“Han ingresado a nuestras tierras, con permisos de personas a quienes no reconocemos como nuestras autoridades, para explotar nuestros territorios sin nuestros permisos y, de paso, acabar con nuestras tierras”, aseguró a Revista Cambio Abraham Segundo, autoridad wayuu, uno de los principales líderes de Ipapure.

Enel Green Power también ha sido denunciada por utilizar de manera ilegal las canteras del territorio como reserva de materiales para construir las bases de los parques eólicos. Son varias denuncias hacia esta y hacia otros proyectos eólicos en el territorio, pero hoy la mayoría de los medios cierran filas “solidarizándose” con el capital, como si este fuera más importante que la vida y la autodeterminación de un pueblo.

La conflictividad de hoy no surgió por la avaricia de las comunidades. Los legítimos dueños del territorio reclaman sea reconocida su parte de propiedad colectiva de los vientos y en esa condición participar de los proyectos. Otros ni siquiera quieren que sus territorios sean partes de estos proyectos por serias preocupaciones culturales, medioambientales y sociales.

La salida de Enel, sin embargo, es propicia para que La Guajira celebre una consulta general y un diálogo fraterno e intercultural sobre la transición energética y los parques eólicos. Lejos de la debacle que anuncian los agoreros de oficio este escenario nos plantea un reto como sociedad para avanzar hacia la transición energética desde una perspectiva de vida, tomando en cuenta las propuestas de quienes habitan estos territorios.

  1. Reparación colectiva para Estados Unidos (Becerril)

Después de dos décadas de impunidad las comunidades del corregimiento de Estados Unidos, municipio de Becerril (Cesar) recibirán una reparación colectiva de más de 3.000 millones de pesos. Una gota de rocío en tan desértico panorama de violencia paramilitar, la misma violencia que dejó varias masacres en la década de 2000 a nombre de las extintas AUC.

  1. Endeudar privadamente para que todos paguen

Este es el camino que han optado muchos gobiernos, entre ellos el clan Char de Barranquilla. Es una especie de prosperidad al debe. Una elite se beneficia del gran negocio de la construcción mientras la mayoría de los ciudadanos deben pagar deudas a futuro. Vale la pena leer con detenimiento una investigación de La Silla Vacía en la cual explican cómo ha funcionado este negocio de los Char.

Señala el reportaje que desde la alcaldía de Fuad Char viene aumentando el monto de la deuda. De 504 mil millones de pesos pasó hoy a 2.7 billones de pesos. Esto hace que la situación fiscal de la ciudad sea crítica. Quien logre la victoria en octubre y reemplace a Jaime Pumarejo tendrá serias dificultades para desarrollar un plan económico social puesto que tendrá que destinar un porcentaje mayor del presupuesto para pagar la deuda que deja el charismo.

 

 

 

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