Por Caribe Investigación
La violencia está a la orden del día en el Caribe, un mal presagio para las elecciones regionales de finales de mes. Dos temas son cruciales en este momento: la disminución de la tarifa de energía eléctrica y el racionamiento en el suministro de gas por parte de Canacol Energy. El carbón dejó desolación, hambre y miseria en el Caribe; para revertir esta situación hace falta cambiar de modelo.
- ¿Beneficio del carbón?
El modelo extractivo minero instaurado en La Guajira desde la década de 1980, solo ha beneficiado a dos reducidos grupos: empresas mineras transnacionales y nacionales (de carbón, gas y petróleo), y clanes políticos mafiosos.
De resto, La Guajira ha estado condenada a la corrupción, el clientelismo, la cooptación del Estado, al quiebre institucional y, en consecuencia, a ser uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza, hambre y muerte por falta de agua.
Hacemos referencia a este tema luego de leer el reportaje “El Cerrejón se fue comiendo todo el territorio: las lecciones que ha dejado el proyecto minero”, publicado recientemente por Consonante.lab, en honor a ciento de familias afro del pueblo de Tabaco, en la Serranía del Perijá, desalojadas y desplazadas por el Cerrejón en 2001.
El desalojo de Tabaco, violento por demás, significó el aniquilamiento cultural de una comunidad ancestral y el cambio de la vocación agrícola y pecuaria del territorio.
Es el espejo de lo que sucede hoy en casi todo el territorio, y de lo que puede resultar en el sur del departamento con los planes extractivos de carbón y cobre, o con los proyectos urbanísticos y de infraestructura de Riohacha, incluso lo que está sucediendo hoy en la Alta Guajira con los proyectos de parques eólicos.
¿Conclusión? No es posible una vida digna en La Guajira sin un cambio de modelo económico y político; modelo con el cual se garanticen los derechos humanos y ambientales del territorio y la participación de sus comunidades en los planes de desarrollo, tomando como eje central la defensa de toda forma de vida.
De lo contrario, la tragedia y crisis humanitaria del departamento se prolongaría unas cuatro décadas más.
- Bloqueos de vías.
En reiteradas oportunidades hemos afirmado que el bloqueo de vías y carreteras en el Caribe se ha convertido en la herramienta más efectiva para exigir derechos laborales, servicios básicos o para protestar en contra de los precarios servicios de agua y energía, entre otras motivaciones.
El pasado 6 de octubre, el diario Opinión Caribe aseguró en nota editorial que el departamento Magdalena era líder en bloqueos de vías en todo el país, con las troncales del Caribe y de Oriente como las principales rutas afectadas.
Opinión Caribe cita el informe a corte de agosto de la Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera (Colfecar).
Debemos aclarar que el citado balance ubica a La Guajira primero en la lista con 49 bloqueos durante el primer semestre de 2023, le siguen Magdalena (48) y Bolívar (34).
Es decir, de los doce departamentos observados, los tres primeros son del Caribe. Tres departamentos claves en materia en materia económica y comercial, turística, enclaves de exportación e importación de productos de la región.
Según Colfecar, los bloqueos en el país crecieron 301 % con respecto a 2022.
No les faltan argumentos a los editoriales de medios regionales y comunicados de la ANDI o Colfecar sobre el impacto de los bloqueos en la economía regional.
A la hora de mostrar la otra cara de la moneda, de las motivaciones de las comunidades olvidadas por el Estado o excluidas del circuito económico y de acumulación de capital, los medios y gremios callan oportunamente.
En el caso particular del Diario del Norte, en varias ocasiones ha llegado a estigmatizar a comunidades de La Guajira por los constante bloqueos; incluso por oponerse a los enclaves eólicos de la Alta Guajira, casi que responsabiliza al pueblo wayuu por la salida de la Enel Green Power del proyecto Windpeshi.
A pesar de las alertas, los bloqueos continúan. La semana pasada se registró una protesta en la zona industrial de Mamonal (Bolívar), según la ANDI, de enero a julio se reportaron 31 bloqueos en esta zona.
Mientras tanto se suman jornadas de protestas de todo tipo en otros territorios:
Comunidades wayuu llevan más de 20 días de toma pacífica de la estación del gasoducto de Promigas, en Manaure, La Guajira; las protestas al interior de Uniatlántico cumplen dos semanas, con el objetivo de exigir cuentas claras en el manejo de recursos, inversión en infraestructura y seguridad; un grupo de ciudadanos de Valledupar afectado por el cobro excesivo de la tarifa eléctrica, protestó frente a las instalaciones de Afinia.
Siempre hay otra cara de la moneda.
- Energía Eléctrica en el Caribe.
Sin mayor repercusión en la opinión pública se conoció que el Consejo de Estado admitió la demanda que busca tumbar la fórmula tarifaria del servicio de energía en el Caribe colombiano.
La fórmula tarifaria fue aprobada durante la administración Duque y les permite a las empresas comercializadoras cobrar al usuario, vía recibo, las pérdidas ocasionadas por el robo de energía en esta región del país.
Un golpe al bolsillo de los usuarios del Caribe, del que solo se benefician las empresas AIR-e y Afinia.
Le decisión del Consejo de Estado es una noticia positiva que se suma a otras como la celebración, en septiembre, de la primera Asamblea Caribe de Usuarios de Energía Eléctrica y Servicios Públicos para debatir sobre la estructura de costos y calidad de los servicios en la región.
Desde Magangué (Bolívar), el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho anunció que a finales de octubre e inicio de noviembre estarán instalando los primeros techos solares para ayudar a reducir el precio de la energía en algunas zonas del Caribe; insuficiente pero necesario.
El ministro reiteró que el Gobierno está tomando medidas para lograr la reducción de las tarifas de energía en el Caribe.
Olvida Camacho, sin embargo, que a la directiva interina de la Creg le quedan pocos días, y que desde esta instancia el Gobierno bien puede trabajar en materia regulatoria.
Lo más asertivo sería la reforma a los servicios públicos propuesta por Petro, porque ésta abarcaría el tema de la energía eléctrica (tarifas, servicios, mantenimiento), pero también asuntos vitales como el acceso al agua, transporte y educación. Un clamor del Caribe colombiano.
- Racionamiento de gas.
La crisis del suministro de gas en el Caribe colombiano es inminente. Desde hace poco más de un mes Canacol Energy informó a sus clientes que reduciría el despacho en 50 % por problemas técnicos, según reseñaron varios medios.
El trasfondo es más complejo, y nada tiene que ver con la agenda mediática que intenta responsabilizar al Gobierno de Petro de esta situación.
Canacol anunció que en los últimos cuatro años no han encontrado nuevos pozos y no tiene cómo responder a sus clientes.
Empresas como Tecnoglass y Monómeros, y otras 70 ubicadas en Barranquilla, se han visto afectas por la restricción, según informó a la prensa el alcalde Jaime Pumarejo.
Pero la dificultad actual de Canacol con sus pozos en Córdoba compromete los suministros de otras regiones del país, y el contrato a futuro que firmó en agosto de 2021 con Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Un reporte de la agencia API de principios de septiembre, estimaba un sobrecosto de 100.000 dólares en la compra de gas a otros proveedores.
Con la situación actual, actores económicos están presionando para que el Gobierno nuevas exploraciones de gas para aumentar las reservas.
En un alarde de honestidad, y en un arranque de manipulación también, el senador José David Name cuestionó al Gobierno nacional por el racionamiento del gas de Canacol, durante un debate de control celebrado la semana pasada en la Comisión Quinta del Senado.
Sería oportuno que los senadores del Caribe condenen con la misma energía el escandaloso aumento de las tarifas de energía por parte de Afinia y AIR-e, y que acompañen en su pesar a miles de usuarios pobres que se debaten entre comer y pagar el servicio eléctrico.
Una alternativa a esta —u otras circunstancias que se puedan asomar en el escenario— la mencionó Petro a inicios de Gobierno, cuando propuso comprarle gas a Venezuela de la misma forma que lo hizo el gobierno de Uribe con el Gobierno de Hugo Chávez a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.
Los señores de la industria minera, del gas y demás negocios claves del país rechazaron de tajo la propuesta de Petro, porque supuestamente pondría a Colombia a depender de Venezuela; como si comprarle gas a Estados Unidos, más costoso aún que el de nuestro vecino, fuera la panacea del siglo XXI.
- La violencia y las elecciones.
A pocos días de celebrarse las elecciones regionales, el panorama de los derechos humanos sigue empañado por la violencia que ejercen organizaciones paramilitares en los distintos territorios.
Solo tomando algunos eventos de las últimas dos semanas, se puede sospechar que el ambiente electoral de finales de mes no será el más idóneo para que los ciudadanos se movilicen libremente sin temor a ser asesinados, coartados o coaxionados.
Los combates entre las AGC y las ACSN en Magdalena y La Guajira no dan tregua; hasta la semana pasada se habían reportado más de 100 homicidios violentos en Valledupar; panfletos amenazantes, cuerpos tiroteados o desmembrados, masacres y extorsiones forman parte de los titulares de prensa.
En Sucre atentaron contra un aspirante a la alcaldía de Morroa, han amenazado a varios candidatos. También existen denuncias de extorsiones en ochos municipios dirigidas por las AGC a políticos para poder hacer proselitismo.
Entonces de la sospecha pasamos a la conclusión. Durante el primer semestre, la violencia aumentó en los territorios del Caribe, y durante la campaña electoral varios candidatos han sido amenazados y extorsionados en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico y Córdoba.
Un escenario peligroso para el ejercicio democrático de finales de mes. Es un ambiente parecido al del año pasado, que solo beneficia a los grupos más poderosos, a los partidos tradicionales y a los clanes políticos del Caribe.
