Crisis humanitaria en Arauca y la paz total (Primera entrega)
Por Miguel Prieto (Caribe Investigación)
Que casi la mitad de la población del departamento de Arauca haya sido víctima del conflicto armado en las últimas cuatro décadas, es alarmante. Son varios los factores que inciden en la conflictividad que hoy puede denominarse como una crisis humanitaria.
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023), Arauca tenía una proyección de 313.097 habitantes para 2023, de los cuales casi 150.000 han sido víctimas del conflicto armado, según la Comisión de la Verdad. Específicamente fueron registradas 103.000 personas como víctimas, se presume que otras 45.000 estén fuera del registro.
El descubrimiento del campo petrolero Caño Limón Coveñas en la década de 1980, significó un hito para la producción petrolera del país. En su momento representó más de 50 % de las exportaciones petroleras de Colombia, hoy se traduce en 1.500 millones de barriles extraídos desde su hallazgo, precisó en 2003, durante la VI Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, Bernando Ortiz, CEO de Sierracol Energy.
Esta exuberante riqueza no se tradujo en el bienestar social, en la producción agrícola de la región, ni en el desarrollo de sus fuerzas productivas, ni mucho menos en políticas públicas en materia de salud, vivienda, educación y vialidad. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en el departamento gira alrededor de 53 % de la población, mientras que en su municipio capital es de 32,45 %.
El Estado llegó junto con el petróleo, pero con una acentuada presencia militar. Hoy, alrededor de 9.000 miembros del Ejército están dispuestos para resguardar los intereses e infraestructura petrolera. Y este ha sido uno de los factores que más ha impactado la crisis social en el territorio.
Otro de los factores que inciden en la crisis humanitaria está relacionado con el estigma que, desde la década 1970, ha cargado el sólido y organizado movimiento social de Arauca con sus raíces históricas de lucha, que se hermanan incluso con regiones del llano venezolano.
Se suma a lo anterior la espantosa tasa de violencia sexual por cada 100.000 habitantes. A partir de la firma del Acuerdo de Paz en 2017, se registró una tasa de 91 casos, en 2018 una tasa de 99 casos, en 2019 una tasa de 120, en 2020 una tasa de 78, en 2021 una tasa de 86 y una tasa de 90 casos durante 2022. Además de la inestabilidad y vulnerabilidad que viene padeciendo parte de la diáspora venezolana asentada en el territorio, víctima del estigma, la xenofobia y también del conflicto armado.
Contexto de la confrontación
A este acumulado de exclusión y alta conflictividad, se suman los últimos cuatro años de confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Una confrontación que viene añejada con la disputa por el control territorial que ejercieron estas dos organizaciones a mediados de la década de 1990 y principios de 2000.
Es parte del tema central del presente análisis, visualizar cómo esta confrontación impacta en el tejido social y en la crisis humanitaria de los últimos años.
La presencia del ELN en Arauca ha sido histórica y está enraizada con el proceso de colonización del Sarare de la década de 1960 y 1970, como señala Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): “El ELN ha tenido una historia en Arauca que va mucho más allá de un grupo foráneo que hace presencia en la región. Ha sido un grupo armado que tiene una historia muy profunda con el departamento, tanto con todo lo que tiene que ver con el sector extractivo, también con una parte del movimiento campesino”.
Las antiguas FARC-EP, por su parte, entraron al territorio en 1980 con la toma del municipio Fortul, “mostrando el nacimiento del Frente 10”, según refiere el portal de la Comisión de la Verdad. Para 1985 conforman el Frente 45, y “para esta época inician las tensiones con el ELN”.
Para Bonilla hoy son las dos organizaciones con mayor presencia en el territorio, hecho que tensiona el ambiente político en el departamento hasta el punto de que “algunos sectores acusen a uno de estos grupos de estar aliado con el Ejército, a eso se le suma la aparición o presencia ocasional de bandas más relacionadas con la criminalidad organizada”.
Juan Carlos Torregroza, abogado defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, caracterizó la confrontación actual en los términos guerrilla-estructuras paramilitares: “No hay un enfrentamiento entre guerrillas. Tenemos estas estructuras paramilitares llamadas disidencias de las FARC, que tienen su génesis en el poder instituido. Las violencias en Arauca tienen que ver con las pretensiones que el mundo imperial y la oligarquía colombiana han tenido históricamente aquí con los bienes de la naturaleza, principalmente el petróleo”.
Para el asesor de la Consejería Comisionada de Paz en Arauca, el reconocido investigador en temas de diálogos, Luis Eduardo Celis, no queda duda de que el principal actor armado en el departamento sea el ELN, pero aclara que caracterizar como paramilitares a las disidencias agrupadas en el EMC no es del todo correcto.
No se puede “obviar la complejidad de una estructura como estas disidencias, que tienen sus raíces en las FARC. Puede que hoy sea un fenómeno más complejo, que tenga otros ingredientes, pero indudablemente hacen parte también de la tradición araucana. Por supuesto, pueden tener otros intereses, quizás ya no tan ideológicos”.
Explica que parte de los que conforman el Décimo Frente tienen sus raíces en la gente que no entró al Acuerdo de Paz (2016) o que se desencantó de este, y agrega nuevos componentes como “el reclutamiento de ciudadanos venezolanos y un amplio involucramiento con el narcotráfico”.
Bonilla va mucho más allá al señalar que hoy no se sabe con certeza cómo catalogar a las disidencias. “Ese ha sido uno de los más grandes retos para la paz total, porque mucho del diseño se hizo para guerrillas tradicionales y esto que tenemos, que no hemos logrado nombrar muy bien, no es en todo caso o no responde a la estructura de una guerrilla tradicional, aunque emulen o utilicen estructuras, palabras, acciones parecidas o similares a ellos”.
Torregroza afirma que “estos grupos no nacieron de las FARC y no nacieron por estar en desacuerdo con el acuerdo final. Hemos dicho, toda esta comandancia, Medina, Pimpón, Héctor Aguilar, todos esos, ya estaban desmovilizados mucho antes y trabajando con el régimen”. Agrega, además, que “el no aclarar bien esta situación, y que haya todavía alguna gente que tenga dudas sobre este accionar, es lo que ha llevado a que nosotros le hagamos una crítica a la paz total”.
Una reflexión adicional aporta Jaime Caycedo Turriago, sociólogo y presidente del Partido Comunista Colombiano, quien desde principios del siglo XXI venía trabajando el tema de paz en Arauca por el período de guerra que protagonizaron el ELN y las FARC-EP a mediados de la de 1990 y principios de la década de 2000. Luego de 2016, detalla Caycedo, se dio la reincorporación de los firmantes de paz en el departamento, mientras que una parte de lo que era el Frente Décimo se sumó al Estado Mayor Central.
“Prácticamente, los compañeros de Comunes se han tenido que replegar del Espacio Territorial, casi no están haciendo presencia en Arauca. A comienzos de 2022, hubo un atentado contra una sede (del movimiento campesino) en Saravena y en represalia a eso comenzó una matazón contra sectores campesinos”, precisa Caycedo.
Las voceras y voceros consultados coinciden en la persistencia de un conflicto armado en el territorio que afecta directamente a las comunidades, quienes viven una situación humanitaria delicada, sufren confinamientos o desplazamientos graves desde 2019.
Entre el genocidio y la estigmatización
El 31 de marzo de este año fue asesinado Graciel Mendoza, líder campesino que hacía parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. Según versiones preliminares habría sido víctima de los frentes Décimo, 28 y 45 del Comando Coordinador de Oriente.
En relación con el asesinato de Mendoza, de otros líderes y defensores, y la persecución al movimiento social del centro oriente de Colombia, la lideresa social Sonia Milena López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, aseguró que “continuamos siendo objeto de las agresiones en el marco de ese plan de exterminio estatal contra el movimiento social, no solo en la región sino en el país, donde nuestra visión de vida digna y de construcción de paz con transformaciones estructurales se contrapone a los intereses del capital nacional y extranjero”.
López coincide con Torregroza al hablar de una reconfiguración del paramilitarismo: “En nuestro caso, a partir de esas estructuras que se conocen como disidencia de las extintas FARC, que tienen en su esencia el narcotráfico, la extorsión y la agresión contra el movimiento social en convivencia con miembros de la Fuerza Pública”.
El panorama es mucho más grave, toda vez que actores claves en el debate nacional acentúan la estigmatización desde algunos medios de comunicación. “Algunos líderes políticos de derecha y algunos mandos militares, quienes bajo el recalentado argumento de querer ligar nuestra acción social y defensa de los derechos humanos con organizaciones guerrilleras, nos catalogan de ser el brazo político del ELN y bajo esa falacia nos ha perseguido en el pasado y en el presente, con ello pretenden no solo justificar las agresiones, los asesinatos, los carros bomba (de 2022 y 2023), sino también judicializarnos y deslegitimar nuestra labor social”, concluyó López.
Según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante 2023 en Arauca fueron asesinados once líderes, defensores y firmantes de paz. Durante 2024 ascendió a nueve. Esta cifra no tiene en cuenta el subregistro ni las estimaciones de la Defensoría del Pueblo, que, para mayo del presente, hablaba de 41 homicidios y 59 personas desaparecidas o secuestradas.
En abril de este año, también se registró un caso grave de estigmatización del movimiento social del centro oriente por parte de Caracol Radio, específicamente de la periodista Diana Saray Giraldo, quien señaló de manera irresponsable que las comunidades organizadas eran el brazo político del ELN en Arauca.
Este señalamiento se hizo un mes después de que el comandante del Frente 28 del EMC, Antonio Medina asegurara que las organizaciones sociales del centro oriente colombiano funcionan como milicias del ELN. Medina, en todo caso, está repitiendo las lógicas que fueron criticadas al ELN por el asesinato de 26 líderes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, según datos de la Comisión de la Verdad.
El año 2022 fue el más ensombrecedor desde la firma del Acuerdo de Paz, Arauca cerró con más de 300 homicidios, según cifras oficiales. Sin embargo, un comunicado del Movimiento Defendamos la Paz de diciembre de 2022, aseguró que el departamento cerraba el año con la tasa más alta de asesinatos en el país, “se habla 360 a 600 en lo que va de transcurrido este año”.
Ese año, el enfrentamiento entre el ELN y las autodenominadas FARC se reflejó en un incremento del 4,4 % de las acciones armadas con respecto a 2021. Además, se registraron “desplazamientos masivos e individuales, confinamientos y restricciones de movilidad en las zonas rurales que afectaron al menos a 16.713 personas, representando un aumento de 120.9 % frente al 2021 (137 personas afectadas)”, destacó un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, Colombia) en diciembre de 2022.
Es decir, durante 2022 el departamento se convirtió en el más violento del país después del Acuerdo de Paz del 2016.
¿Cuáles serían los primeros pasos a dar en el departamento de Arauca para que haya una paz sin genocidio, sin perfidia, para superar la crisis humanitaria y para que no se repita la historia de exterminio de ningún movimiento social o partido político, sea de la orilla que sea?
A pesar de las acusaciones mutuas, en las que el autodenominado Estado Mayor Central y el ELN se señalan de ser cómplices del Ejército y de la inteligencia militar, y del escalamiento del conflicto entre ambos actores, lo que debe prevalecer es la resolución del conflicto en general “sobre la base de unos acuerdos, en los que intervengamos todos con la voluntad de encontrar soluciones, apoyándonos de nuevo en las organizaciones sociales, en las distintas formas de organizaciones agrarias que hay en el departamento, en la Iglesia Católica, puede incidir también la Unión Sindical Obrera, crear un consenso de fuerza dependiendo del tema”, asomó Jaime Caycedo Turriago, sociólogo y presidente del Partido Comunista Colombiano.
Es lo que viene reclamando la sociedad y lo que se está tejiendo desde las experiencias organizativas de base de todo el país: procesos para la defensa de la vida y del territorio, diálogos participativos para avanzar en una agenda común de transformaciones que puedan garantizar la paz con justicia social y profundizar en la reforma agraria que viene adelantando el Gobierno nacional.
*Trabajo elaborado a partir de la confluencia de medios alternativos:
Antonio Rojas Garzón por Rueda Suelta @rueda_suelta
Danna Urdaneta @dannavenezolana y Lita Rubiano Tamayo por Lucecitas de Maíz @LuceElMaiz
Jeanneth Vallejo por Zona Revolución @ZonaRevoluc10n
Miguel López Guerrero por la Red de Prensa Alternativa Zur (RPAZ) @rpaz_prensa
Miguel Prieto por Caribe Investigación @caribeinvestig1
Sara Tovar y David Andrade por la Fundación Centro de Comunicación y Producción Generación Alternativa (Fucoga) @Generacionalte
