Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 66)
Por Caribe Investigación
- ¿Crisis financiera o maniobra?
La intervención de la operadora Air-e, y los llamados para que suceda lo mismo con la homóloga Afinia, debido a que ambas empresas que operan en el Caribe han incidido en la crisis por los altos costos de la energía, parece dar un respiro al ambiente de ebullición social que se fue incubando los últimos meses por los desmanes de ambas empresas, sobre todo de Air-e.
“No queremos otro Electricaribe con Air-e y vamos a poner la casa en orden”, expresó tajante el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, en declaraciones a la W Radio.
Esta afirmación debería permitir un debate amplio en la región sobre lo que quiere la gente y lo que necesita el Caribe ante el fracaso de ambas operadoras, especialmente ante el fracaso del modelo neoliberal que se instauró en la década de 1990, donde las empresas públicas de servicios fueron paulatinamente reemplazadas por operadores de servicios.
Varias inquietudes, exigencias y propuestas se asoman desde entonces. La primera de ellas es que la empresa Air-e solicitó la intervención del Gobierno porque “los elevados costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía han puesto en riesgo la estabilidad económica de las empresas del sector”. Es decir, escurrió el bulto y responsabilizó a las generadoras de energía y el mercado.
Y esto no es cierto, habida cuenta de los hechos que públicamente se conocen. En junio pasado, la Revista Cambio reveló que Air-e “se vendió a sí misma energía para todo 2024 a 689 pesos por kilovatio hora cuando el precio promedio de los contratos estaba en este momento en 311 pesos por kilovatio hora”.
Recientemente, el gremio que agrupa a los generadores de energía le salió al paso al comunicado de Air-e: “A diferencia de Afinia, Air-e decidió recuperar aceleradamente los saldos de la Opción Tarifaria en un plazo de un año, lo que resultó en un incremento de más de $260 por kilovatio hora para sus clientes”, señaló el gremio.
Otro dato con el que Acolgen (la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica) desmiente a Air-e está relacionado con la compra de energía en bolsa durante 2023 y 2024. Según datos de XM, operador del mercado eléctrico, “la compra de energía en bolsa por parte de Air-e representó solo el 15% de su consumo en septiembre de 2023, y en 2024 este porcentaje se redujo al 8%”, según reseñó El Colombiano.
A final de cuentas, estamos ante una maniobra del empresario Ríos Revilla y su abogado Jaime Lombana, quienes pretenden eludir las responsabilidades por el desastre financiero y operativo que ellos mismos propiciaron, y a la vez pretenden presionar al Gobierno para que asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía.
Ante esta jugada sucia, esperamos que las palabras del superintendente de Servicios Públicos sean honradas, que la solución a la “crisis financiera” que atraviesa Air-e no sea inyectarle recursos públicos para que siga operando en la región, saqueando los bolsillos de los usuarios, persiguiendo y asfixiando a las comunidades para que paguen un servicio ineficiente.
Ahora bien, sin entrar en detalles, el superintendente explicó a la prensa que el objetivo único de la intervención será garantizar la prestación del servicio a los millones de usuarios de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e.
- La crisis del modelo
Lo que exige la gente es que se presente una solución palpable y definitiva a la crisis, que de una vez por todas se emita un decreto para reducir las tarifas de energía y que a la par se trabaje en la creación de una empresa de servicios públicos regional con recursos del Estado, es decir, volver al modelo de prestación de servicio en el cual el Estado era operador y garante del servicio, una empresa de carácter social.
Esto, sin duda, es el trasfondo de la crisis actual. Se nos vendió la idea en la década de 1990 de que el Estado era ineficiente y esto permitió la ola privatizadora de los servicios de aseo, agua, electricidad, manejo y administración de peajes y vialidad, entre otros; la acumulación de capital y los derechos económicos de privados se estableció como prioritario y por encima de los derechos sociales de las mayorías.
Esto lo explica el geógrafo David Harvey en su noción de la acumulación por desposesión, que describe cómo el capital se acumula por medio de la “apropiación de recursos y activos que previamente no eran mercancías. Esto incluye la privatización de bienes públicos”, como bien resumió días atrás el investigador Gonzalo Fiore Viani al hacer alusión al estudio del capitalismo global y a la teoría urbana desarrollado por Harvey las últimas décadas.
¿No fue esto lo que sucedió en el Caribe? El Estado fue reemplazado de su responsabilidad en la operación y prestación de servicios esenciales para el desarrollo de actividades humanas y culturales. Se dio una expansión del mercado inmobiliario en las principales ciudades de la región que provocó todo un proceso de gentrificación y empobrecimiento de los sujetos sociales más vulnerables; adicional a la captación de recursos naturales y mineros de todo tipo.
Esto lo entendió muy bien la élite en el poder cuando elaboró, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el proyecto Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes (2014); este es un proyecto desarrollista que pretende conectar ambas regiones a través de obras de infraestructuras y de conectividad digital, entre otras, con el circuito financiero internacional bajo una lógica bastante clara, garantizar el saqueo de nuestros recursos.
Diamante Caribe y Santanderes no fue más que la continuidad del plan entreguista que la élite colombiana venía ejecutando durante décadas, solo que el Gobierno de Santos le dio forma, sustento, planificación y viabilidad jurídica para justificar el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ingreso que se manifestó en 2013 y se concretó en 2018.
Para entonces, tanto el Caribe como los dos Santanderes concentraban “29 % de la población colombiana, se genera 23,1 % del PIB del país y a través de su territorio se canalizan 90 % de las exportaciones de Colombia, abarca 16,1 % del territorio nacional, incluye nueve ciudades principales y departamentos”, como señalaba un editorial del diario El Universal de enero de 2014.
Como dato adicional debemos recordar que parte del proceso de acumulación de capital en Colombia ha sido violento. La administración Santos lo entendió a la perfección y trabajó en ello con dos movidas claves: la desmovilización de las FARC, el intento de pacificación del ELN, y el ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como socio extracontinental.
No era para menos, pues garantizar la denominada locomotora minero-energética suponía unas condiciones mínimas de seguridad que el capital internacional exigía a Colombia para invertir en el país, es decir, para venir a saquear sin sobresaltos.
La crisis de las altas tarifas de energía está relaciona entonces con el modelo político y económico impuesto a sangre y fuego en el país, modelo que ha permeado las políticas sociales, de salud, la administración pública y de justicia, y el desarrollo de circuitos económicos a favor de los grandes capitales.
