Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 92)
Por: Caribe Investigación
1. Crisis en el precio del gas
Durante la celebración de un foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en Barranquilla, el gremio advirtió que para diciembre el alza del precio del gas natural para los hogares será inminente, lo que afectará principalmente a la región Caribe, que depende de este servicio. La Andeg alertó que la crisis trasciende el ámbito doméstico porque, de no solucionarse, se extenderá al sector industrial y energético.
El problema, aducen, es que la producción nacional de gas está en declive y los grandes contratos de suministro con precios preferenciales están venciendo. Como en años anteriores, esto obligaría a las distribuidoras de gas a comprar volúmenes crecientes de GNL importado a precios internacionales, y ese costo extra se traslada directamente a la tarifa final del usuario. Hasta aquí es la explicación que ha dado el gremio energético, sin matices ni contexto.
Pero el tema es más complejo. De fondo existe una confrontación por el modelo de importación y comercialización. El Gobierno Nacional está intentando romper con el monopolio de la importación para garantizar unos precios estables que no afecten el costo final. Por ejemplo, en la actualidad Ecopetrol adelantó una contratación para procesar parte del gas importado.
Esto no lo dirá la Andeg. Tampoco lo explicará Naturgas. Mucho menos Promigas, de la cual Luis Carlos Sarmiento Angulo es accionista, quien también es dueño de El Tiempo, medio donde se han ventilado estas advertencias sistemáticamente. Fue precisamente este sector el que se opuso a que Colombia importara gas desde Venezuela, alegando razones políticas, pero no dijo nada cuando durante el gobierno de Santos y Duque se importó gas del mercado estadounidense, mucho más costoso que el venezolano.
Es cierto que el gobierno de Petro cambió las reglas de juego y desarmó el modelo de negocio de comercialización que tenía el consorcio SPEC, que agrupa a poderosos intereses del sector. Sin embargo, es más preciso describirlo como una reforma regulatoria para romper un monopolio y liberalizar el mercado que como una expropiación o una cancelación total del negocio.
2. Ciudad Mallorquín, la tragedia
Desde por lo menos 2024, distintos analistas y defensores ambientales advirtieron que el proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín, con sus 80 hectáreas de construcción impactaría un ecosistema urbano particular, donde se encuentran restos de bosque seco tropical, manglares y una variada fauna y flora. Además, los suelos presentan las características de los ecosistemas marinos, con dunas o médanos, y se registran cuerpos de agua dulce que afloran de la tierra.
A pesar de las advertencias y denuncias, el proyecto siguió su curso. Hace pocos días, El Heraldo publicó un reportaje donde usuarios denuncian un impacto social preocupante: limitaciones de movilidad, congestión vehicular, reducida capacidad de estacionamientos, falta de rutas de transporte e invasión de espacios públicos.
Definitivamente, vendieron un símbolo de modernidad a costa del ecosistema Mallorquín. Ahora sus usuarios pagan por este crimen medioambiental.
3. Olímpica, la maquila
Los Char se convirtieron en pasivos y astutos aliados del poder en Bogotá. Pero fervientes y enconados adversarios del gobierno de Petro, por lo que no dudaron en sabotear la reforma laboral. Hoy queda en evidencia cuál es el rol de esta poderosa familia en el Caribe: hacer dinero a costa del erario y encubrir una explotación laboral llamada cadenas de tiendas Olímpica, propiedad de la familia.
Tras una masiva inspección realizada en 60 tiendas Olímpica, el Ministerio del Trabajo destapó un escándalo de explotación laboral que ponía en riesgo la salud de los empleados. El ente describió la maquila de la siguiente manera: “tercerización sistémica, explotación laboral disfrazada y grave riesgo para la salud de los trabajadores”.
Esta inspección, denunciada por los Char como una persecución, responde a más de 50 denuncias radicadas en 16 direcciones territoriales. Lo que quedó en evidencia: 90 % del personal tercerizado y jornadas de hasta 10 horas con apenas media hora para almorzar, horas extras no reconocidas y contratos ocultos en algunos casos.
4. Redistribución a regiones
Un análisis de La Silla Vacía describe cómo cambió la inversión en las regiones durante el Gobierno de Petro. Datos interesantes que hay que leer en clave social. Sin embargo, al medio le pareció mejor irse por las ramas y encontrarle todas las limitaciones posibles a esta apuesta de inversión y considerarla “experimento”.
Esto deja en evidencia que la visión económica que se tiene sobre Colombia, si no está sujeta a las políticas del Fondo Monetario Internacional o la OCDE, entonces no es funcional, carece de rigurosidad. Es una apuesta importante el cambio de modelo porque rompe con la centralización tradicional en la asignación de los recursos en las regiones. Por supuesto que debe mejorar, perfeccionarse, y también profundizarse para que haya una democratización real del desarrollo de obras y servicios en las regiones.
5. Bahía Portete: Reparación integral
Hace apenas dos semanas se conoció que el Tribunal Administrativo de La Guajira modificó la sentencia en primera instancia relacionada con la masacre de Bahía Portete (Alta Guajira, 2004). Masacre por la cual fue condenada la Nación, porque la Policía Nacional y el Ejército conocían la amenaza y vulnerabilidad de este pueblo y no hicieron absolutamente nada para prevenirlo.
La novedad es que ahora se ordena la reparación integral de las víctimas. En específico, ordenó “medidas de reparación integral con enfoque diferencial, orientadas a restituir, rehabilitar, y garantizar la no repetición de hechos similares, protegiendo tanto los derechos de las víctimas como la integridad cultural del pueblo Wayuu”, según recoge del bufete Francisco Fajardo.
Es lamentable que tan importante sentencia, relacionada con una de las masacres más dolorosas ejecutadas durante la barbarie de las AUC y la consolidación de la política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez, no haya tenido repercusión mediática durante estas dos semanas.
6. Asesinan a líder wayuu
Las condiciones de seguridad, conflictividad y violencia que permitieron la masacre de Bahía Portete en 2004 están a la vuelta de la esquina. Hoy el departamento de La Guajira forma parte del corredor de violencia paramilitar denunciado hace pocas semanas por la Defensoría del Pueblo. Pero se agrava la situación en la Alta Guajira: el pasado viernes fue interceptado y asesinado en Uribia el líder ambiental wayuu Héctor González Epieyu.
En la Alta Guajira se está intensificando la presencia de las AGC y otros actores vinculados al tráfico de drogas, lo que pone en riesgo los liderazgos y la autonomía del pueblo Wayuu, y profundiza aún más la complejidad de la vida en este territorio históricamente olvidado por el Estado.
