Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 91)
Por: Caribe Investigación
1. De las palabras a las balas
El filósofo Estanislao Zuleta, en una conferencia pronunciada en mayo de 1989 a propósito de la desmovilización del M-19, cuestionó que “si el único que puede hablar es el Estado, que sólo escucha su propia voz y que además pretende que esa voz es la voz del pueblo, como decía Marx, entonces desde luego, no hay derecho de libre expresión. El derecho de libre expresión lo tienen todos o no existe”. Esta es la norma en Colombia, los que no caben en el constructo de sociedad -diseñado para perpetuar la exclusión- simplemente no existen o están condenados a la persecución y estigmatización.
La semana pasada, dos líderes campesinos de Agustín Codazzi (Cesar) denunciaron a través de la plataforma X y el medio Radio Guatapurí que el alcalde Hernán Baquero promueve un discurso de odio que criminaliza la protesta social y pone en riesgo la vida de los líderes campesinos del municipio.
Tras una movilización pacífica protagonizada la semana pasada en el corregimiento Casacará para exigir mejoras en servicios públicos (salud, ambulancias, alcantarillado y acueducto), el alcalde respondió en redes sociales cuestionando la legitimidad de los manifestantes, llamándolos “forasteros” y criticando medidas de seguridad como cubrirse el rostro. Poco después, un integrante del movimiento fue amenazado por hombres en motocicleta utilizando términos similares a los del alcalde.
Los líderes Dairo Bayona y Luis Fernando Lara vincularon estas agresiones al lenguaje de Baquero y, a pesar de los acuerdos logrados tras el bloqueo, persiste hoy un clima de hostilidad exacerbado por la falta de respuesta del alcalde a las acusaciones.
Esta noticia evidencia un patrón alarmante en el Cesar, un departamento donde la estigmatización de líderes sociales por parte de autoridades deriva en todo tipo violencia (amenazas, sicariato, desplazamiento forzado). El uso de términos como “forasteros” o “disturbios” por parte del alcalde refleja una narrativa histórica de criminalización del campesinado, que en Colombia ha justificado persecuciones, desapariciones y masacres —como las cometidas por paramilitares en la región con complicidad estatal en décadas pasadas—, como contamos en esta historia (La recuperación de tierras en el Cesar: entre la vanguardia y el estigma – Periferia). Al asociar la protesta con ilegalidad, el discurso del alcalde no solo incumple su deber de garantizar derechos (sí, la protesta es un derecho constitucional), sino que legitima agresiones de terceros, en un país donde la impunidad favorece la represión.
La situación en Codazzi también revela la fragilidad de los acuerdos entre el Estado y las comunidades rurales, donde demandas básicas como salud o agua siguen siendo ignoradas, lo que no deja otra alternativa a los liderazgos que la movilización. La beligerancia y agresividad del alcalde profundizan la desconfianza y aumenta el riesgo de escalada violenta, recordemos que en el Cesar la defensa de derechos humanos, ambientales y territoriales suele pagarse con la vida. Urge que instituciones como la Fiscalía investiguen no solo las amenazas, sino el rol de las autoridades en incentivarlas, pues sin garantías de protección, la protesta social seguirá siendo un acto de resistencia frente al abandono histórico del Estado.
Los distintos liderazgos en el Caribe se han venido fortaleciendo, creciendo y hermanando, y las vías de hecho se han convertido en una de las principales herramientas de lucha para conquistar logros y transformaciones en los territorios. No debemos permitir que se imponga el discurso incendiario, de odio y estigmatizante del alcalde Baquero y de otros dirigentes políticos y autoridades de la región.
2. Región Entidad Territorial
La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado le dio luz verde, por unanimidad, a la propuesta de convertir a la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) en la primera Región Entidad Territorial (RET) del país. Lo que fue celebrado como una victoria del regionalismo Caribe por figuras aparentemente antagónicas (el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el ministro del Interior, Armando Benedetti).
De concretarse (debe convertirse en ley y refrendarse en las urnas), la Región Caribe “pasará de ser una figura de planificación a una entidad territorial con voz propia, facultades administrativas y presupuestales para tomar decisiones estratégicas, diseñar su desarrollo y manejar recursos directamente. Ya no solo será una región con potencial, sino una con poder real para ejercerlo”, resumió el diario El Tiempo en una nota.
A pesar del revuelo y la celebración, porque supone la descentralización del poder político, financiero y presupuestal para el diseño de políticas con enfoque “regional”, varios temas quedan al margen y no son de menor interés:
– Si bien el modelo actual de descentralización no responde con eficiencia a las demandas de las regiones del país, la aprobación de la primera Región Entidad Territorial (RET) no implica un cambio sustancial en la forma como se administran los recursos y se toman las decisiones en torno a los temas fundamentales de la región. Sobre todo, tomando en cuenta la complejidad del territorio, sus dinámicas, la diversidad de expresiones históricamente excluidas, o el manejo doloso y corrupto que las clases tradicionales del Caribe le han dado al erario y a las instituciones.
– La transformación debe ser integral y en paralelo (tanto en la región como el país). Es decir, si prevalece el modelo político actual nada cambiará, los mismos de siempre seguirán tomando decisiones contrarias a los intereses de las mayorías; y estas mayorías seguirán de espectadores refrendando una ley a través del voto, pero sin ningún poder de participación o incidencia. O sí, el cambio será en términos cuantitativos (más recursos) y de manejo de poder (más poder), pero la realidad del Caribe será la misma.
– La élite política y económica del departamento del Atlántico, liderada por la casa Char (Verano es apenas un vocero), fue fundamental para que avanzara esta propuesta, pero su visión sobre el poder y la región, que es la misma o parecida a la que tienen otras familias políticas del Caribe, está muy lejos de defender los intereses genuinos de la región; por el contrario, estas clases políticas dominantes reproducen el mismo patrón: captura del Estado y del erario por parte de grupos familiares políticos y económicos en alianza, predominancia, por lo tanto, del clientelismo, entre otros males.
– Dicho lo anterior, aquella aspiración santista de convertir a los Santander y el Caribe (Proyecto Diamante Caribe) en un apéndice del circuito financiero mundial (Eduardo Verano la llamó hace poco Hub del Caribe), que de consolidarse implicaría serias consecuencias ambientales, sociales y de movilidad, estaría a punto de coronarse.
3. ANT Cesar en crisis
La denuncia que hiciera la periodista y dirigente del Cesar, Katia Ospino, sobre irregularidades en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Cesar, alcanzó eco nacional. En varios medios locales, principalmente en Radio Guatapurí, y más recientemente en La Silla Vacía, la denuncia de Ospino puso en tela de juicio la legitimidad en las decisiones que toma el ente en materia de tierras.
Importante el análisis publicado en La Silla Vacía (Disputa revela clientelismo del Pacto en la Agencia de Tierras de Cesar – La Silla Vacía) porque confronta las versiones, escudriña en las denuncias hechas por Ospina y da detalles de lo que a todas luces es evidente: un conflicto de intereses que se resume en clientelismo y nepotismo liderado por la principal contratista de la ANT en el departamento, Alexandra Pineda.
A pesar de la denuncia (familiares de Pineda y siete contratistas alineados a ella llegaron a la ANT del Cesar), el director de la ANT, Felipe Harman, desestimó la gravedad de los hechos y le dio un ciego espaldarazo a la cuestionada contratista y también dirigente del Pacto Histórico en el departamento, Alexandra Pineda.
Otro tema de interés toca La Silla, y es que tanto Pineda como Katia Ospino tienen intereses políticos en la región de cara a las elecciones de 2026. Si bien esta confrontación puede fragmentar a los movimientos y alianzas alineados al Pacto Histórico, lo que profundizaría aún más el poder de las clases políticas tradicionales del Cesar, no se debe pasar por alto que se repite (en el caso denunciado por Ospina) viejas prácticas de clientelismo y nepotismo que desde el Gobierno del Cambio se ha denunciado con insistencia.
Mientras no se transformen las estructuras de poder y de participación política del país, este y otros casos seguirán dominando el escenario de las regiones, sobre todo porque persiste una cultura política fundamentada en el ganar-ganar a toda costa (clientelismo, soborno, alianzas criminales, corrupción).
4. El mundo Char
En el mundo imaginario de la familia Char, una de las más poderosas del Caribe colombiano, el departamento del Atlántico es un remanso de la libertad, el progreso y la reconfiguración de la ciudad como espacio de enclave económico. Ese mundo imaginario, por supuesto, encuentra eco mediático todos los días porque se dedicaron a comprar la prensa y a periodistas.
Es difícil, si no imposible, encontrar en los medios locales y regionales tradicionales análisis e investigaciones que pongan en tela de juicio la autoridad y pulcritud de los Char y todo lo que representan políticamente. Por eso, cuando el alcalde de Barranquilla, Alex Char, cuestiona al Gobierno por los resultados en materia de seguridad en el departamento, la gente en redes sociales le cuestiona: “Qué han hecho ustedes para cambiar la situación en los últimos veinte años”.
Los Char tienen influencia política en el Atlántico -y también en Bogotá- desde por lo menos la década de 1990. Hace más de 25 años que detentan cargos de elección popular. Cuando las antiguas AUC sitiaron el Atlántico en la década de 2000, guardaron silencio. Cuando el Gobierno de Álvaro Uribe potenció la política de persecución contra liderazgos, y se fortaleció el paramilitarismo gracias a su política de Seguridad Democrática, los Char también guardaron silencio.
Todos saben que nada han hecho para revertir la actual crisis de seguridad, como no hicieron nada los últimos diez años, en los cuales bandas criminales, paramilitares y narcotráfico en general fueron creciendo en poder acción, de fuego y de incidencia social, tanto o más que de las AUC en su momento. Y ahora pretende responsabilizar al Gobierno de Petro por esta angustiosa coyuntura que atraviesa el departamento.
Evidentemente, Colombia entró en campaña electoral antes de tiempo. Lo más fácil será echarle la culpa al Gobierno de la tragedia que vive cada departamento. Sobre todo, cuando cuentan con una chequera dispuesta a comprar una caja de resonancia llamada medios de comunicación.
Esta campaña se dirimirá en la narrativa más imponente, aunque esta esté repleta de engaños. Hace pocos días el presidente Petro cuestionó las políticas económicas de Barranquilla a partir de los últimos datos publicados por el DANE, y los Char salieron a cacarear y vanagloriarse del “milagro” que ha significado vaciar en la ciudad toneladas de concreto.
El director del Observatorio de Condiciones Socio Económicas del Caribe Colombiano, Carlos Yanes, en entrevista con la Revista Cambio aseguró que el presidente no dijo mentiras sobre la pobreza en Barranquilla, que rompió hace poco con la tendencia a la baja en los índices de pobreza extrema. Yanes ratificó que entre 2023 y 2024 la pobreza extrema creció un punto porcentual en la capital del Atlántico, y que este aumento marca una alerta que no se debe subestimar, sobre todo tomando en cuenta que el resto del Caribe estuvo mejor en este indicador.
El indicador al que se refirió el presidente Petro está relacionado con los precios y la distribución de los ingresos. Esto quiere decir que en Barranquilla el costo de la vida subió con respecto a las demás ciudades del Caribe colombiano, lo que afecta directamente este indicador de pobreza extrema. “Es decir, a la gente le alcanza un poquito menos la plata que el año pasado”.
A lo anterior se suma que en Barranquilla más de 50 por ciento de los habitantes tiene empleos informales. Aunque Yanes no fue tan pesimista como el presidente Petro, sí advirtió que se deben evaluar todos los indicadores de la ciudad para cerrar la brecha de pobreza extrema.
5. Zona Económica Binacional
Los presidentes de Colombia y Venezuela aseguraron que la creación de la Zona Económica Binacional le dará un giro trascendental a la economía de ambos países. Algo que no ponemos en duda, sobre todo por los resultados económicos del intercambio comercial de los últimos dos años, como explicamos en esta síntesis (El exhorto del presidente Petro para sabotear la exportación de carbón a Israel – Periferia).
Lo que no se ha dicho hasta ahora es cómo abordarán ambos países temas igualmente trascendentales. Por ejemplo:
– Preservación del ambiente y la vida, tomando en cuenta que ambas economías están basadas en la explotación de hidrocarburos, y del lado colombiano el extractivismo agrícola y minero está profundamente enraizado en la economía.
– No se ha debatido sobre acuerdos migratorios y en materia de derechos humanos, fundamental para que comunidades y territorios de ambos lados de la frontera puedan ejercer sus liderazgos, procesos y proyectos en complemento o como alternativa al intercambio macro de ambas naciones, o puedan desplazarse libremente sin menoscabo de su movilidad pendular y cotidianidad cultural, geográfica e histórica.
– Tampoco se ha analizado hasta ahora el impacto que la política de seguridad y de combate al narcotráfico pueda tener sobre las comunidades y territorios de la frontera, sobre todo del lado colombiano, donde históricamente se ha estigmatizado al movimiento social y campesino.
– Otro tema de interés: Petro da por hecho que esta alianza servirá para combatir al ELN con miras a disminuirlo como organización política y militar. Esto deja claro que no existe ningún interés por retomar la mesa de diálogos con esta organización guerrillera.
– La economía popular y alternativa de las comunidades de frontera, si acaso aparecen como adorno a este acuerdo bilateral. Esto ignora la potencialidad de sectores sociales y económicos que históricamente fueron marginados por ambos Estados, y, a pesar de ello, lograron sobrevivir y construir modelos de economía propia.
– ¿Cómo abordarán ambos países el tema del contrabando? ¿Desde una mirada policiva y militar, que lo que hace es reproducir la estigmatización y la persecución contra las comunidades vulnerables?
– ¿Evaluarán ambos mandatarios el tema militar sin tomar en consideración los amarres que tiene Colombia con Estados Unidos? Mejor dicho, ¿el presidente venezolano está tomando en cuenta este ineludible elemento?
Responder a estas preguntas es necesario para entender cuál es el alcance que puede tener este acuerdo más allá del intercambio económico y comercial y del evidente beneficio que seguirán teniendo las clases empresariales y comerciales de ambos países.
6. Paro de transportadores internacionales
Por cierto, transportadores internacionales protagonizaron una protesta de cuatro días en puntos clave de la frontera, incluyendo El Escobal (Ureña) y Paraguachón. El reclamo es por la imposibilidad de obtener la póliza de seguro con cobertura en territorio colombiano, según manifestaron a la prensa. “Este requisito mantiene paralizadas a numerosas unidades venezolanas y amenaza la fluidez del comercio binacional”, apuntó en su portal web la empresa de servicios Inseroca Internacional.
“Desde que inició todo esto (acuerdo binacional) nos hemos visto afectados, somos perseguidos por las autoridades colombianas, luego de estas medidas, porque cuando antes estaba cerrada la frontera podíamos pasar tranquilamente sin ningún problema ahora nos sentimos asechados por la Policía Nacional, la DIAN y la Polfa, lo único que le pedimos al Gobierno de Gustavo Petro es que nos dejen trabajar”, señaló Carlos Mario Ospina, transportador al portal El Binacional.
La coordinadora de Logística Transporte Andina de Tanques en Bucaramanga, Luz Marina Ortiz Pedraza señaló al portal que esta medida afecta a los transportadores colombianos. Por ejemplo, “en Paraguachón no contamos con todas las maquinarias y herramientas necesarias para poder hacer el enganche y reenganches de cargas líquidas y secas, esto nos genera pérdida de tiempo y sobre costos”.
Sumemos a esto la denuncia que vienen haciendo transportadores de alimentos que trabajan en la ruta Maicao-Maracaibo, quienes señalan que en la vía que conduce de Maicao a Paraguachón son extorsionados por la Policía Nacional en caso de no cumplir con algunos de los requisitos o exigencias que demanda la ley colombiana.
7. Peligro en el Caribe
La “policía” del mundo, Estados Unidos, desplegó tropas navales y fuerza aérea en el Caribe para supuestamente ejercer mayor control sobre las rutas del narcotráfico en países de centro y sur América.
Demás está advertir que esto representa un agravio contra Latinoamérica y se da en un contexto de consolidación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, y de una escalada de micrófonos entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, de la posible no certificación de Colombia en materia de drogas, de la recompensa ofrecida por EE.UU. para lograr la captura de Nicolás Maduro, y del conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo venezolano.
En otras reflexiones aseguramos que el acuerdo para la creación de la Zona Económica Binacional encontraría resistencia en sectores de extrema derecha colombianos (con puentes en Washington), y que esto podría jugar en contra de ambos países hermanos tomando en cuenta que está de por medio la transacción por la empresa Monómeros (propiedad de Venezuela); recordemos que Venezuela es objeto de sanciones y la OFAC tendría que emitir una licencia especial para permitir esta transacción.
También existe un sector industrial y comercial poderoso en el centro de Colombia que está ganando, y mucho, con el intercambio comercial binacional. Ni les conviene que estas relaciones queden truncadas, ni acompañarían a la derecha en su aventura de echarle más leña al fuego. La torpe intromisión de Santos y Duque les golpeó el bolsillo durante más de diez años. Es la economía, estúpido.
¿Guerra de micrófonos para imponer condiciones en negociaciones secretas? Decíamos también que tanto Venezuela como Colombia, por aparte, intentan mantener canales de diálogos y negociación con Estados Unidos sin ceder en soberanía ni subyugarse a los caprichos de Trump. Venezuela, por ejemplo, discretamente va ganando el pulso, es por esto que Chevron continuará operando en el país caribeño bajo un nuevo contrato y condiciones que hasta hoy se mantiene bajo reserva.
Analistas advirtieron hace meses que Estados Unidos no puede darse el lujo de prescindir del petróleo liviano venezolano, sobre todo porque este es ideal para las refinerías ubicadas en Texas y Luisiana. El petróleo pesado, que hace pocos años se comercializaba con un descuento de hasta $20 por barril, hoy apenas tiene una diferencia de poco más de $3 dólares en relación con el crudo liviano venezolano.
La Administración Trump también entendió que la política sancionatoria fortaleció al gobierno venezolano y significó una oleada migratoria sin precedentes en los últimos años. Aunque endurezca el discurso hacia Venezuela, le toca ceder en temas energéticos porque no solo es Chevron la que presiona, son otras empresas estadounidenses y europeas las que tienen inversiones importantes en Venezuela.
8. Alivio en facturas
De manera mezquina la prensa reseñó el impacto para los usuarios de AIR-e por una decisión judicial que puso fin al cobro ilegal de las denominadas “pérdidas” dentro del régimen especial tarifario aprobado por Duque.
Y decimos que de manera mezquina porque se limita a citar la acción popular que ejercieron los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha para conseguir esta importante anulación. Además de la acción popular, otros dos factores permitieron esta decisión judicial: la presión social de los últimos dos años y la presión del Gobierno que acompañó el malestar de la gente.
En todo caso es un parte de victoria para el bolsillo de la gente más vulnerable de los departamentos Atlántico, Magdalena y La Guajira.
