Por: Caribe Investigación
1. Del show a la realidad
El paro armado de tres días decretado en La Guajira por el integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Naín Pérez Toncel, conocido públicamente como “Bendito Menor”, en parte se convirtió en un show mediático con mucho ruido.
En la cotidianidad, y aunque el Gobierno buscó minimizar el impacto del anuncio ignorando lo que sucedía en la capital del departamento, terminó militarizando la zona comercial de Riohacha y parte de Maicao; el terror del llamado paro armado ya había surtido efecto.
A continuación, hacemos varias lecturas sobre el evento que, de por sí, marca un punto de quiebre en los intentos del Gobierno y esta agrupación paramilitar por concretar una negociación que condujera a desescalar la violencia en los territorios donde operan las ACSN.
A. Desde el punto de vista militar y táctico, pudiéramos estar presenciando una maniobra de distracción por parte de Naín Pérez y las ACSN. Esto es una acción táctica en la que el vocero principal de este llamado a paro simula un movimiento o acción en una dirección distinta a su objetivo real: efectivamente, intentó intimidar la zona comercial de Riohacha para que acataran el paro armado; lo anterior con la finalidad de confundir e intentar romper el cerco militar en la Alta Guajira y la frontera con Venezuela, donde se estima se mueve Naín Pérez. Es lo que Sun Tzu concibe como estrategia basada en el engaño o maniobra de desviación. No es nuevo en Colombia.
B. En plena campaña electoral, las ACSN intentan frenar el operativo militar no solo contra el vocero más visible de la organización, sino contra otras estructuras en varias zonas de la Sierra Nevada. Es una puja mediática que deja dos lecturas: lanzan la pelota al Gobierno asumiendo que tendrá un costo político, y el Gobierno se reafirma en su salida militar. Fracasa o tambalea lo escasamente construido desde la negociación.
C. Las ACSN juegan a doble banda. No solo se contradicen, sino que delatan que no tienen intenciones de alcanzar una negociación cuyo fin sea lograr la paz en el Territorio. Luego del anuncio del paro armado de Naín Pérez, las ACSN publicaron en su cuenta X que no tenían conocimiento sobre este paro y que se deslindaban como tal. Aprovecharon el contexto para ratificar su voluntad de paz y a la vez le pidieron al Gobierno que cese la persecución. Pero al tercer día del paro circuló un audio atribuido a Naín en el que da por terminado el paro armado y lo justifica diciendo que es por la protección de la ciudadanía y el comercio; luego apareció el vídeo en el que se traslada en moto por la Alta Guajira.
D. De nuevo, el arte del engaño está a la orden del día, y ya no solo desde el terreno militar, sino también mediático y político: ya es común de las ACSN ejecutar acciones para luego desmentirlas. O deslindarse de acciones que son sindicadas a Naín Pérez. Algunos medios hablan de fractura interna; la confusión apunta a diluir responsabilidades y alargar el oxígeno.
E. Lo anterior debe llevarnos a sincerar los análisis. Veamos: por lo general, se suele decir que los actores armados ilegales aprovechan los procesos de paz o negociaciones con el Estado para fortalecerse. Con los antecedentes de incumplimiento y traición de lo pactado por el Estado/Establecimiento, desde Benkos Biohó hasta el Acuerdo de Paz de 2016, queda demostrado que el Estado tiende una mano para las negociaciones y con la otra mantiene el garrote (la política de la zanahoria y el garrote). Es decir, trabaja para la paz (la que ellos conciben) y nunca renuncian a su política de seguridad (espionaje y contraespionaje, operativos militares, entre otros). Lo mismo sucede con los actores armados ilegales: expresan voluntad de paz (unos más que otros), pero no abandonan sus planes políticos y militares, sobre todo por los antecedentes de incumplimiento, y hoy más que nunca por la lucha contra o entre otros grupos armados ilegales en un mismo territorio.
F. Aunque las autoridades minimicen el impacto del llamado a paro armado y la influencia de este actor en la región, lo que sucedió durante los tres días de paro armado dice otra cosa. En diversas ocasiones, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre este escenario (la más reciente con la Alerta Temprana 010 de 2025). En otras ocasiones también analizamos cómo se ha ido configurando el conflicto en Riohacha y su zona rural.
G. Tres fueron los cuestionamientos principales en torno al paro armado. Primero, la negociación misma con las ACSN, por su lentitud y opacidad. Segundo, el silencio del Comisionado de Paz durante las primeras horas del paro armado (lo mismo que sucedió cuando el Gobierno decretó el cierre del Parque Tayrona por la incidencia de las ACSN en la zona). Por último, la ausencia y silencio del alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, ya que lleva diez días de viaje en China y ni siquiera se pronunció sobre el evento; tampoco es que su presencia haga diferencia alguna, sobre todo por su gestión gris y denuncias de corrupción, pero no pronunciarse de manera oportuna sobre el evento deja mucho que desear.
2. La casa del viento
El diario El País de España publicó este sábado 18 de abril una reseña sobre el documental wayuu La casa del viento, cortometraje de la indígena Marbel Vanegas Jusayu, que destacó en el Festival Internacional de Cine de Cartagena porque documenta cómo los parques eólicos instalados en La Guajira fracturaron la unidad territorial y de las familias de la comunidad.
Oportuno reflexionar en torno a esta pieza audiovisual y lo que realmente sucede en la Alta Guajira, sobre todo porque el presidente Petro ha insistido en la energía eólica en La Guajira como una oportunidad para una transición energética justa con miras a la descarbonización. Lo que no dice el mandatario y es tema de debate en las comunidades queda reflejado en La casa del viento.
Por ejemplo, cuestiona el carácter transnacional de los proyectos eólicos en La Guajira: la energía es para acumular capital, es decir, para surtir otros territorios mientras las comunidades se las apañan. No se plantea en ningún momento la participación directa y efectiva de las comunidades en el desarrollo de la energía eólica. Financiaron proyectos socioproductivos sin ningún sustento en la realidad, en un territorio árido con escasas fuentes de agua.
Queda sembrada una profunda división en las comunidades, entre los que apoyan a las empresas y los que se oponen a una nueva forma de saqueo (con impactos ambientales y culturales, aunque se intente vender como necesario para la transición energética y la preservación del planeta).
La discusión sobre la transición energética está secuestrada evidentemente. No se trata ya de un cambio de matriz energética, sino de la transformación sobre cómo nos relacionamos con la sociedad y la madre tierra; que la energía sea eólica no quiere decir que no conlleve contradicciones o atropellos. La misma lógica que se implantó con la explotación del carbón en la década de 1980 en La Guajira es la que se está imponiendo con los parques eólicos en la Alta Guajira.
A propósito de este bien logrado documental de Marbel Vanegas Jusayu, queremos recordar que en julio de 2021 intentamos reflexionar en torno al mismo tema con el documental Del carbón a los parques eólicos: ¿Qué cambiará?
3. Reclutamiento de menores
“Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Ángel Antonio De Alba González, conocido como alias ‘Angelito’, señalado de amputar varios dedos a un menor de edad como represalia por haberse negado a integrar la estructura criminal Los Costeños, en el municipio de Malambo”.
El párrafo anterior corresponde a una noticia difundida por varios medios, en este caso El Tiempo, y refleja el horror que se vive a diario en el Atlántico, donde las principales estructuras armadas y/o bandas criminales se han enfocado en los últimos años en reclutar menores de edad, adolescentes y jóvenes en barrios vulnerables y escuelas, con el inhumano agravante de ejecutar crímenes contra aquellos que se oponen a ingresar a sus filas.
Que niños y jóvenes de Barranquilla y su área metropolitana sean víctimas de reclutamiento forzado, bajo amenaza de muerte o coacción, y aprovechándose de sus vulnerabilidades sociales y afectivas, es uno de los episodios más dantescos que estamos viviendo los últimos años.
Otra realidad no menos triste se refleja en otro hecho que muchas veces pasa inadvertido: grupos de niños y adolescentes que se enfrentan con armas de fuego o armas blancas en barrios populosos de Barranquilla o Valledupar, en escenas campales que quedan registradas en las redes sociales.
Hace pocos días se señaló en la prensa que la banda Los Pepes había amenazado a estudiantes de tres colegios del suroccidente de Barranquilla. “Las investigaciones preliminares de las autoridades indican que el panfleto intimidante que circuló en redes sociales no habría sido emitido por la banda ‘Los Pepes’, sino que tendría origen en un conflicto entre estudiantes, asociado a disputas internas en un canal de WhatsApp”, reseñó El Tiempo.
Tal es el nivel de desesperanza. Niños y jóvenes víctimas directas de la violencia física y simbólica, sin ningún referente u horizonte que les permita construir otro modo de vida. Y eso es precisamente lo que aprovechan y explotan las principales organizaciones delictivas del Atlántico.
Por todo esto, hace un par de semanas aseguramos que las principales víctimas de la violencia en el Atlántico son las mujeres, tenderos y menores de edad.
4. Crisis energética del Caribe
La crisis energética en el Caribe es un problema estructural y está relacionado con el modelo energético y de servicio que se impuso en la década de 1990, como bien señaló recientemente el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, quien desde Barranquilla sacudió de nuevo el debate de uno de los temas de mayor impacto en el Caribe.
Durán señaló que la raíz de la crisis eléctrica en la región no es exclusivamente por mala gestión empresarial o administrativa, sino por un modelo energético desarticulado de la realidad social y territorial. Durante el Congreso Nacional de Transición Energética en la Universidad del Norte, Durán recordó que el Caribe ha sobrevivido a operadores como Corelca, Electrocosta, Electricaribe y ahora Air-e y Afinia, siempre con el mismo desenlace de intervenciones y liquidaciones.
Su diagnóstico desplaza el foco de la ineficiencia administrativa hacia un diseño regulatorio que, al ignorar las condiciones locales, condena cualquier operador al fracaso, abriendo la puerta a replantear desde sus cimientos las reglas del sector. Insistiríamos nosotros: el error está en no contemplar el servicio de energía como un derecho básico esencial, sino como un negocio, y en delegar en operadores privados una actividad que debe ejecutar el Estado directamente.
Las cifras presentadas por Durán son graves: pintan un panorama de fragilidad estructural que explica por qué el modelo se resquebraja con especial crudeza en esta zona. Air-e, actualmente intervenida, registra pérdidas de energía cercanas a 30% y un recaudo promedio de apenas 74%, una combinación que se agrava con la composición socioeconómica regional: 60% de los usuarios son de estratos 1 y 2, y en barrios subnormalizados el recaudo efectivo se desploma a 4%.
Estos datos evidencian que el esquema actual traslada costos insostenibles a poblaciones de baja capacidad de pago, creando un círculo vicioso donde la baja recaudación alimenta las pérdidas y la inversión se rezaga, lo que afecta la calidad del servicio. El punto más duro de Durán apunta a la concentración del mercado de generación. Mientras que en 2024 las generadoras obtuvieron utilidades superiores a los 18 billones de pesos y cuatro compañías acaparan el 78% de la generación nacional, los usuarios del Caribe pagan tarifas altas a pesar de contar con fuentes hidráulicas económicas.
Esta simulación de libre competencia no se traduce en tarifas justas, sino en un sistema rentable para unos pocos e inequitativo para la mayoría. El mensaje final del funcionario es claro: sin una revisión profunda del marco regulatorio y tarifario que aborde la pobreza, la informalidad y las pérdidas como variables centrales, ningún salvamento financiero ni cambio de operador impedirá que el Caribe siga atrapado en un ciclo eterno de crisis e intervenciones.
5. Violencia contra las mujeres
Es tendencia en el Atlántico la violencia contra las mujeres. Al 18 de abril las autoridades confirmaron que durante 2026 han sido asesinadas 28 mujeres. Lo más preocupante es que el tema o la respuesta del Gobierno parece dispersarse. Organizaciones de mujeres han demandado la consolidación de canales y vías de atención y prevención, sin revictimizaciones que dejen en la impunidad cada caso.
Los hechos apuntan hacia otro lado. “Cada vez son más las mujeres que tienen alguna vinculación con bandas criminales, ya sea directa o a través de sus parejas o familiares, lo que explica el alza de los homicidios de mujeres en el Atlántico, pues el 84% de estos corresponden a ataques sicariales”, escribió Blu Radio citando a autoridades.
No se trata de dejar a un lado esa línea de investigación, sino de ser más exhaustivos y mirar esta realidad desde una perspectiva más humana y menos policiva. Que las autoridades comiencen a plantear esta tesis lo que hace es enterrar el tema y el derecho a las mujeres del departamento a vivir libres de violencia. De ser cierto lo que plantean las autoridades, ¿son menos sujetos de derechos?, ¿desechamos los últimos años de denuncias y demandas?, ¿no hablamos ya de los distintos tipos de violencia de la que son víctimas?, ¿dónde ubicamos a las mujeres líderes o docentes que son amenazadas por oponerse al reclutamiento de las bandas criminales en barrios y escuelas?
6. Corrupción
La Fiscalía colombiana reveló un entramado de corrupción que desvió cerca de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías (SGR) mediante esquemas asociativos de municipios. En operativos del CTI realizados en Arauca, Barranquilla y Cantagallo fueron capturadas nueve personas, entre ellas el creador, representantes legales, coordinadores y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Según la fiscal Madeleyne Pérez Ojeda, la red logró que Aremca fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones.
Una vez obtenida la designación, los implicados direccionaron 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos para obras civiles, interventorías y proyectos ambientales en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira y otros. Además, se detectaron otras irregularidades: apropiación indebida de 3.200 millones de pesos en proyectos para Arauca y la no retención de cerca de 14.000 millones de pesos por concepto de contribución especial de obra pública, equivalente a 5% del valor de los contratos estatales.
Uno de los grandes males del país: la corrupción. En el Caribe parece cultura, aunque en todo el país abundan casos de enriquecimiento ilícito a costa del erario.
