Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 88)
Por: Caribe Investigación
- Agenda del Caribe
Durante varias semanas, los medios de comunicación le dieron amplia cobertura al Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Barranquilla, celebrado entre el 8 y el 11 de julio. Coberturas periodísticas aparentemente propias del ejercicio cotidiano de medios locales y nacionales; también, una lluvia de reportajes, entrevistas y programas que no ahorraron en elogios, amparados por al menos $6.137 millones de recursos públicos “para la promoción de esta capital como destino turístico y sede de grandes eventos”, como bien documentó el portal de investigación La Contratopedia Caribe.
Entre los beneficiarios de la millonaria inversión publicitaria destacan la Primera Cadena Radial Colombiana (Caracol Radio, WRadio, Tropicana) y El Heraldo; en menor medida, se destinaron recursos a través de Coopercom a periodistas, medios y espacios locales de menor calado.
De la investigación de La Contratopedia, resaltamos tres puntos clave sobre este ejercicio de lavandería mediática. El primero es que la campaña se diseñó para darle cobertura al evento antes, durante y después del mismo (al final volveremos a este punto). Lo segundo es que varias de las publicaciones o entrevistas no especificaban si se trataba de espacios pagos o de libre ejercicio periodístico; ya se conoce como práctica común de la casa Char financiar periodistas y medios para resaltar su gestión y minimizar las conflictividades del Atlántico.
La otra cara de la moneda es que usaron esta campaña no solo para promover el foro de la OCDE, sino para posicionar a Barranquilla y el Atlántico como modelo a seguir para las inversiones extranjeras en Colombia, resaltar la figura del alcalde Alex Char y ensalzar a su principal gerente y candidata a una próxima gestión, Ana María Aljure.
Lo que se viene
El “antes” en el desarrollo de esta campaña nos permite entender la naturaleza de dos propuestas hechas por Alex Char y el gobernador Eduardo Verano a finales de junio pasado: el primero anunció la creación del Centro Estratégico de Fusión Contra el Multicrimen Transnacional del Caribe (CEFCA), un proyecto desarrollado con apoyo técnico, metodológico y financiero de los Estados Unidos.
Verano, por su parte, replanteó una no tan vieja aspiración de la élite económica del país para convertir al Caribe y los Santanderes en un gran centro de desarrollo y despensa energética de cara al mercado internacional.
El primero adorna el ambiente para dar una sensación de seguridad en un departamento asolado por el crimen organizado, el narcotráfico y el paramilitarismo; el segundo tiende puentes para que se materialice lo que de manera eufemística llaman “hub” del Caribe.
Aunque ambos anuncios se enmarcan en esa campaña de posicionamiento de Barranquilla como ciudad destino de inversión internacional, dejan ver cuál es la verdadera agenda de la élite regional en todo el Caribe colombiano. Una agenda estratégica que se ha ido desarrollando por fases durante los últimos 30 años, según las circunstancias lo han permitido.
- Metropolinización del Caribe
Durante su intervención en el Foro de la OCDE, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach planteó la necesidad de avanzar hacia la metropolización en la región Caribe. El funcionario señaló que Colombia “ha experimentado una transición de un país rural a uno urbano y que en el siglo XXI se consolida como un territorio conformado por conjuntos metropolitanos. En este sentido, propuso que el modelo actual de áreas metropolitanas, creado hace más de 50 años, debe transformarse para responder a las dinámicas urbanas, sociales y económicas actuales”, reseñó El Espectador.
Lo que llamó la atención de la intervención de Eljach fue que citara a Orlando Fals Borda para justificar esa propuesta. Al plantear la idea de metropolinización del Caribe conformada por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, el procurador lo que hace es reproducir el discurso, la aspiración y la lógica del poder bogotano y regional, donde prevalece el principio de productividad y mercantilización a través de una economía extractiva conectada a los puertos principales.
Fals Borda, en cambio, planteó propuestas transformadoras para el Caribe colombiano basadas en la justicia social, la autonomía regional y el desarrollo endógeno, participación directa de los ciudadanos en los asuntos estratégicos, criticó la visión bogotana sobre las regiones y abogó por una reforma agraria y la lucha contra la desigualdad.
Fals Borda promovió el rescate de los saberes ancestrales y la historia popular del Caribe. El contexto de la OCDE y toda la agenda económica que empuja estas propuestas están conectadas a circuitos financieros y económicos externos que nada tienen que ver con Fals Borda.
- Tenderos a la deriva
Hace pocos días, el político Roy Barrera encendió la red social X con un debate sobre el inminente quiebre y merma de las tiendas de barrio por la expansión masiva en sectores populares de las tiendas por departamento como D1, Ara, Olímpica, entre otras. No sin razón, abogaba por el financiamiento y capacitación de los tenderos de barrio para fortalecer esta forma de economía popular que, además, forma parte del tejido social y cultural de los barrios.
Tres aspectos queremos resaltar. Por un lado, tenemos un Estado diseñado para promover las grandes inversiones, pero mezquino para promover, financiar y fortalecer la economía alternativa y popular; esta última termina arrodillada ante la esclavitud de los gota a gota y de la extorsión.
Estamos ante la presencia de un fenómeno tardío del proceso de privatización de la década de 1990. El neoliberalismo no logró doblegar la cultura del tendero porque esta forma de economía familiar ha sido el resorte de las familias pobres, donde persiste la cultura del fiado y de la compra al menudeo.
Las cadenas de tiendas entendieron esta dinámica hace pocos años y comenzaron a volcarse a los barrios con presentaciones de productos al menudeo a precios mucho más bajos. Y esto pone en jaque a los tenderos.
Lo último es que las extorsiones en las principales ciudades del Caribe afectan principalmente a los pequeños comerciantes y tenderos, y no a las grandes cadenas de tiendas. El único caso público que se conoce de intento de extorsión hacia una empresa de gran magnitud es el de Supergiros; de resto, las grandes compañías siguen expandiéndose sin ningún inconveniente.
De fondo, también está en curso un proceso de gentrificación de algunas zonas de interés urbano de las principales ciudades del Caribe, donde el gran capital termina imponiendo su dinámica y proyectos.
- Gasolina en La Guajira
El 14 de julio entró en vigencia el aumento del precio de la gasolina en La Guajira. La subsidiada quedó en $14.129 por galón y el precio full en $16.664. Aunque no existe información oficial, se rumora que la cuota de despacho de gasolina subsidiada también sufrió una reducción.
Lo cierto es que en un análisis de octubre de 2023, advertimos que el aumento gradual del combustible en Colombia incidiría en la reactivación del contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia por la frontera norte (Cesar y especialmente La Guajira).
En otra síntesis de prensa elaborada en octubre de 2024, palpamos varios hechos que permitieron corroborar que el contrabando de combustibles en La Guajira se ha ido incrementando poco a poco.
Mientras el costo del combustible del lado venezolano sea relativamente inferior al colombiano, el incentivo del contrabando seguirá latente. Un ejemplo práctico nos permite prever lo que sucederá: un litro de combustible colombiano equivale a casi un dólar estadounidense, mientras que en Venezuela sigue costando 0,50 centavos de dólar.
- Desplazamientos en La Mojana
La Defensoría del Pueblo alertó recientemente que la incursión y plan de expansión de las AGC en el Sur de Bolívar está impactando en las comunidades de La Mojana, donde se han registrado varios desplazamientos.
Se suma a este hecho las denuncias sobre extorsiones a comerciantes, ganaderos, campesinos y contratistas de la región, un impacto negativo para al menos siete municipios de Sucre y Bolívar.
- Reclutamiento de menores
El impacto del crimen organizado y del paramilitarismo en la juventud del Atlántico es preocupante. Según declaraciones del gobernador Eduardo Verano, al menos 2.000 jóvenes forman parte de “Los Costeños” y “Los Pepes”, lo que habla de un reclutamiento masivo de menores de edad utilizados como carne de cañón en el departamento.
- Paraguachón-Maicao
Hace poco más de un mes advertimos que la ruta fronteriza Paraguachón-Maicao, que conecta a Venezuela con Colombia por el departamento de La Guajira, viene sufriendo una ola de atracos y hechos de extrema preocupación para usuarios, transportistas y comerciantes. En menos de dos meses también se reportaron dos sicariatos en la terminal de transporte de Maicao y una falsa alarma de bomba.
Por lo general, la ciudad de mayor incidencia del crimen en La Guajira es Riohacha, pero Maicao sigue siendo una ciudad marcada por conflictividades sociales latentes, permeada por el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato.
- Riqueza, evasión y desigualdad extrema
El diario El País de España, en su sección *América Colombia, publicó un reportaje titulado Así es como los superricos colombianos evaden, eluden y pagan menos impuestos que los pobres. Podríamos resumir el tema de la siguiente manera: concentración de la riqueza, mega evasión fiscal y desigualdad extrema en Colombia.
Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, resulta grotesco que un país donde se produce tanta riqueza esté condenado a la pobreza y desigualdad por la avaricia de unos pocos, y por un Estado débil, maniatado y controlado por esa misma clase supermillonaria. ¿A quiénes benefician las reglas de juego y vacíos legales actuales? A los ricos. Solo de esta manera se entiende el enconado esfuerzo que hace la clase empresarial y económica para oponerse y sabotear en el Congreso cualquier remiendo fiscal que asome el Gobierno Petro.
En detalle, el reportaje demuestra que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 2%. Esta brecha se agrava por un sistema tributario regresivo: los más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que los pobres. Según Oxfam, en 2021, el 1% más adinerado pagó 17 centavos por cada dólar de ingreso, mientras que el 50% más pobre pagó 21,1 centavos. Además, el 28% de la población sufre inseguridad alimentaria, lo que evidencia el fracaso del sistema fiscal actual para redistribuir recursos.
Detrás de toda esa cultura de evasión existe un entramado y estructura que permite eludir los mecanismos de control. Mediante estrategias como ocultar activos en paraísos fiscales, subdeclaración de patrimonios y uso de empresas familiares radicadas en el exterior para prestar servicio a las empresas principales y lograr deducciones fraudulentas.
Según estimaciones de la DIAN, la evasión anual equivale a 8% del PIB (136 billones de pesos en 2024), es decir, más de 10 veces de lo que planteaba recaudar el Gobierno con la reforma tributaria hundida en diciembre del año pasado en el Congreso.
