Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 86)
Por: Caribe Investigación
1. Saqueo con disfraz de progreso
La élite política y económica del Caribe tiene una habilidad sorprendente para leer los contextos de la región y adaptarse a las circunstancias, siempre y cuando estas signifiquen fortalecer sus estructuras y redes de poder local-nacional-transnacional.
Hace apenas dos décadas, abrazaron sin inmutarse la política de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, que a su vez estaba respaldada financiera y militarmente por el Plan Colombia (EE.UU.); a la par, esta política de Uribe estuvo apoyada en el paramilitarismo como política de Estado.
Hoy se sabe que el objetivo del Plan Colombia, y del paramilitarismo, fue mucho más allá del combate a las guerrillas y el narcotráfico. Todo el tejido social colombiano se vio duramente afectado y asediado, especialmente, los liderazgos del Caribe colombiano. No queda tampoco duda que, tanto un sector político como parte de la élite regional, y transnacionales como la Drummond, se beneficiaron de esta estrategia de guerra financiando el paramilitarismo o haciendo parte de lo que se conoció como parapolítica.
Esto le permitió al Estado colombiano subastar la región del Caribe al capital nacional e internacional en las áreas de megaminería, energía, monocultivos, infraestructura, turismo, entre otros. Es decir, lograr que la región entrase a lo que eufemísticamente se denomina hoy como “hub”, que no es más que una forma moderna de ordenamiento territorial (urbanismo, conectividad, innovación y tecnología) con miras a saquear territorios previamente interconectados a un centro y circuito económico. (Para ampliar la información: Proyecto Diamante Caribe y Santanderes, reconocido a nivel internacional – La Cháchara).
El Gobierno de Juan Manuel Santos fue el que terminó de darle forma a esta idea de saqueo disfrazado de progreso cuando llevó a cabo la “locomotora minero energética”, más cuando su administración promovió el proyecto Diamante Caribe y Santanderes, y le asignó financiamiento a través del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías (SGR); el cual ejecutaría la alianza entre Findeter, la Universidad del Norte, la Universidad Industrial de Santander (UIS), Microsoft y la Fundación Metrópoli (España).
En esta ocasión, la élite caribeña tampoco opuso resistencia porque, como era de esperarse, era un proyecto del cual también se beneficiaría. Fue lanzada en 2015 y coincidió con el proceso de paz con las FARC. Suponía el Gobierno de Santos que, una vez las FARC estuvieran fuera del camino, Diamante Caribe sería un hecho.
Diez años después, la región Caribe vive un nuevo fenómeno de paramilitarización y violencia, concentrado sobre todo en las principales subregiones y ciudades; la idea de consolidar un hub (energético, de interconexión, urbanístico y de infraestructura), aunque no se materializó tal y como lo planteaban en Diamante Caribe, sigue siendo una aspiración de la élite económica.
Hace apenas dos semanas, el alcalde de Barraquilla, Alex Char, anunció que invertirán $70.000 millones en la creación del Centro Estratégico de Fusión Contra el Multicrimen Transnacional del Caribe (CEFCA), un proyecto desarrollado con apoyo técnico, metodológico y financiero de los Estados Unidos, específicamente de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.
También señalamos que mientras no se cambie el enfoque metodológico, cuando mucho tendríamos una especie de DEA caribeña con perfil netamente policivo, militar y de represión, funcional a la élite y los proyectos económicos en curso.
En el marco del Foro Nacional de Infraestructura Marítima y Fluvial e Intermodalismo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, propuso hace pocos días una alianza regional “para hacer del Caribe un gran hub logístico portuario” clave para el comercio exterior del país.
Lo que Verano y Char proponen como novedoso no es más que la continuidad del Plan Colombia y del proyecto Diamante Caribe y Santanderes. Cambian las palabras, adornan, pero rescatan íntegramente los objetivos de aquellos. La única novedad que plantea Verano es que además de Cesar y Santander, se integre también Antioquia para fortalecer el circuito extractivo que él llama “inserción internacional”.
- Poder social
Los últimos dos años se ha fortalecido la consciencia de ciudadanos, ha crecido la movilización de organizaciones sociales y liderazgos en torno a un tema que afecta a todo el Caribe: el servicio de energía eléctrica y el costo de la factura.
La reducción de las tarifas de energía en el Caribe se logró, sin duda, gracias a las variadas movilizaciones y la presión social ejercida por la gente del común para desenmascarar el saqueo al bolsillo, el robo institucionalizado por AIR-E y Afinia bajo el paraguas legal que el expresidente Duque les dejó.
Ese poder ciudadano en crecimiento, o como quieran llamarlo, es sintomático de una región que históricamente se caracterizó por su capacidad de lucha en todos los ámbitos. Y por eso, la lucha por un servicio de energía digno, acorde con la realidad del Caribe y del bolsillo de la gente, se está expresando de manera contundente en varias ciudades.
En consecuencia, la semana pasada lanzaron oficialmente la Acción Popular por una Facturación Justa, “un mecanismo legal y colectivo que busca frenar lo que los impulsores consideran un abuso sistemático en la medición y cobro de energía en zonas comunes de edificios residenciales”.
Se trata de la demanda colectiva de un conjunto de copropietarios del Caribe en defensa de más de 100 mil familias afectadas por cobros desproporcionados y mediciones injustificadas técnicamente. Es una lucha que se complementa con la reducción de la tarifa de energía, pero con mayor profundidad por sus implicaciones sociales y de participación ciudadana en asuntos clave.
- AIR-e
La Fiscalía General de la Nación está investigando posibles hechos de corrupción durante la intervención estatal de Air-e, marcada por la inestabilidad administrativa (lleva tres agentes interventores) y denuncias sobre el manejo de recursos.
De comprobarse estos hechos, opacarían lo poco logrado hasta hoy (reducción de las tarifas, eliminación de la tasa de seguridad del recibo de energía). Políticamente opacaría lo que se presenta hoy como una lucha mayor, en la que ha estado involucrada el Gobierno, organizaciones y la gente: lograr adecentar el servicio eléctrico, reducir las tarifas, garantizar el suministro, o aprobar el proyecto de ley sobre servicios públicos domiciliarios, ya que este tiene importantes aportes para cambiar el modelo actual.
- Mototaxistas amenazados
Tres días duró la paralización de actividades de mototaxistas de Soledad y Malambo, como protesta por las constantes amenazas de extorsión de las cuales son víctimas. En el diario El Tiempo describieron lo ocurrido así: “Un silencio denso, cargado de temor, incertidumbre y zozobra. Lo que para algunos era solo un medio de transporte, para cientos de familias de estos municipios es su única fuente de ingreso. Y fue precisamente ese motor de supervivencia el blanco de nuevas amenazas criminales”.
No es la primera vez que sectores vulnerables sufren por las amenazas de grupos armados en la región Caribe o el Área Metropolitana de Barranquilla. Y colocamos la tilde en “sectores económicos y sociales vulnerables” porque hasta hoy, salvo el caso presentado con Supergiros durante 2024, la delincuencia organizada y el paramilitarismo ejercen presión sobre los más pobres y vulnerables: mujeres, tenderos, pequeños comerciantes, transportadores.
Se convirtió en práctica común y con ello los grupos armados no solo logran un tipo de financiamiento, consiguen un efecto mucho más perverso: siembran miedo para controlar socialmente y esto sucede en Santa Marta, Barraquilla, Sincelejo, Cartagena, Valledupar.
- Logro en servicio de energía
Por primera vez comunidades indígenas wayuu del municipio de Manaure contarán con acceso continuo al servicio de energía eléctrica. El Gobierno Nacional invirtió más de $52 mil millones. Sin duda, un hito histórico.
“Este proyecto se orienta a la construcción e implementación de dos tipos de proyectos energéticos sostenibles que amplían la cobertura del servicio de energía en zonas rurales y dispersas del departamento de La Guajira”, indicó el Gobierno en una nota de prensa.
“Gracias a esta intervención, 1.334 usuarios pertenecientes a 59 comunidades indígenas wayuu accederán al servicio de energía eléctrica de manera continua las 24 horas del día, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su desarrollo comunitario”, precisó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
